El problema agropecuario y las falacias

19/01/2022

Luis Díez.

Los pregoneros de “España se arruina” y “España se hunde”, que son los mismos del “España se rompe” y se esfuerzan en hacernos saber que “les duele España” más que a Unamuno, ya se habrán enterado de que el Gobierno de Pedro Sánchez, del que reniegan, se ha aplicado con diligencia a buscar soluciones al aumento de los costes de producción y a la competencia desleal que sufren los agricultores y ganaderos españoles. El ministro del ramo, Luis Planas, lleva desde el verano pasado manteniendo reuniones con ganaderos y agricultores (especialmente con el sector lácteo) y apelando en Bruselas a la necesidad de adoptar medidas de alcance comunitario, pues la subida de los costes productivos también afecta a los demás países. Esto lo saben los ganaderos y es de suponer que también los líderes de las derechas que acuden estos días a hacerse fotos con las vacas en Castilla y León, donde han reñido entre ellos y convocado elecciones para el 13 de febrero.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, al que insultan habitualmente, quiere también conseguir un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena alimentaria, con el fin de que los agricultores y ganaderos puedan obtener unos precios más justos por la venta de sus productos y una mayor rentabilidad en su actividad. Y para eso ha reformado la Ley de la Cadena Alimentaria de modo que los operadores y las autoridades de control (la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, y las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas) conozcan el camino a seguir y no se pierdan por vericuetos extraños.

La normativa se aprobó el 14 de diciembre. Y el cronista, a falta de sesiones plenarias y a riesgo de ser pesado, recoge los preceptos novedosos tal como el departamento del ministro Planas se los contó a la diputada gaditana de Ciudadanos María Carmen Martínez Gradados.  Primero: se prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Segundo: se establece la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros) y las operaciones con pago al contado. Tercero: como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del mecanismo de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que incumplan lo dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio.

En cuarto lugar la norma señala que no se pactarán actividades promocionales que induzcan error sobre el precio e imagen de los productos o que perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos agrarios o alimentarios. En quinto lugar se incrementa el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. En particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se considerará como “venta a pérdidas”, de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al pagado por su adquisición. Sexto: se refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.

Séptima novedad: se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a diez millones de euros y a las empresas en actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones. Octava: se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios, como lino en bruto, corcho natural, cáñamo, tabaco en rama, plantas vivas y productos de floricultura. Novena: se crea un registro digital de contratos alimentarios para dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales y más seguridad a los productores. Y décima: se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para mejorar la transparencia y eficacia de la cadena, mediante la elaboración de informes sobre formación de precios, actualización de costes de producción e impulso a los estudios sobre la innovación en el sector agroalimentario.

Sin necesidad de una agudeza mental extraordinaria se entiende que la labor del Gobierno de defender al sector primario y conciliar intereses para que a todos nos vaya mejor y el país progrese armónicamente. Y eso nada tiene que ver con el espantajo de “más ganadería y menos comunismo” (Que no, que no vienen los comunistas y te quitan la vaca ni te rebelan la granja para poner de jefe a un cerdo, como diría Orwell en alusión a Stalin). Y tampoco parece que pedir a todos los agentes que cumplan los preceptos de la Ley de la cadena alimentaria, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción, sea algo “socialcomunista, bolivariano, ruinoso y traidor a España” como esas derechas que llevan 35 años mandando y triscando en Castilla y León, y no se entienden entre ellas, pretenden hacernos creer.

 

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