El desfile de ministros ante el pleno del Congreso para defender las cuentas de sus respectivos departamentos terminará este miércoles con la votación de un Presupuesto que no ha admitido más modificaciones o cambios de partidas que las pactadas por el PSOE con sus socios del PNV y Coalición Canaria. No suman más de 800 millones. Durante el trámite, el Consejo de Ministros ha transferido al País Vasco las políticas de empleo por un importe de 472 millones de euros, lo que permitirá al Gobierno de Patxi López aplicar las bonificaciones en las cotizaciones sociales a la contratación. Puesto que la oposición del PP estaba servida desde que se anunció el acuerdo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido obligado a hablar del tema y se ha visto arrastrado a comparecer el jueves a primera hora para explicar la situación del desempleo y las medidas que va a adoptar para fomentar la creación de puestos de trabajo. El propio PNV, CiU y el PP se lo han exigido conforme al reglamento.

El interés de los ministros que desfilaron por el Congreso estuvo más fuera que dentro. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aprovechó la ocasión para tranquilizar a los mercados con el mensaje de que la solvencia de España no se verá contagiada por la situación irlandesa ni portuguesa. La titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, reiteró su prudencia sobre la matanza de El Aaiún, “porque preferimos la interlocución a la condena”. Y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, llegó con un calendario para la reforma de las pensiones, se reunió con la mesa y los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo y les dijo que el tiempo es líquido, los líquidos se secan y el tiempo se acaba.

La evidencia fue tan aplastante que todos asumieron que el Pacto –que ya no es “pacto”, según Mariano Rajoy, porque Zapatero lo ha echado a perder al congelar las pensiones– elevará sus recomendaciones al Gobierno antes de fin de año, después el Gobierno las discutirá con los interlocutores sociales y hacia finales de marzo de 2011 remitirá el correspondiente proyecto de ley. Desde luego –dijo Gómez–, el retraso de la edad de jubilación será una medida obligada porque cada vez vivimos más años, la población envejece y el sistema no da de sí para pagar las pensiones. Sobre el periodo mínimo de cotización y el cómputo para hallar la pensión final, evitó adelantar acontecimientos.

Ante pleno seguían desfilando ministros. El de Justicia –4,4 millones de euros para las minorías religiosas, 44,9 para la lucha contra la violencia de género, 31, 8 para la justicia gratuita…, desgranaba el barbado y enérgico Caamaño–; la de Defensa –“La austeridad no restará operatividad”, aseguraba Carme Chacón, muy criticada por el PP por no haber permitido que comparecieran los jefes de los ejércitos en la comisión presupuestaria–; el de Fomento –“Apostamos por la austeridad y la eficiencia; de 23.312 millones, 14.811 son inversión en obra nueva”, informaba José Blanco–. En el momento de redactar estas líneas hablaba el de Educación, Ángel Gabilondo, sobre el mantenimiento de las becas.

En el patio del Congreso, junto al madroño, algunos policías, ujieres y funcionarios trataban de averiguar el método que empleará el vicepresidente Manuel Chaves, responsable de la función pública, para ajustarles el sueldo a la productividad. Era el anuncio del día. La secretaria de Estado Consuelo Rumí lo está estudiando. Será el sistema de “palotes” por detenidos y actuaciones, aventuraba un policía. Será por libre disposición y horas extras, decía una secretaria… No lo sabemos. Tal vez el jueves el presidente concrete algo sobre los nuevos recortes y sacrificios.