Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha reclamado este miércoles que las comunidades autónomas puedan volver a poner fecha a las rebajas de sus comercios y asumir todo el control para delimitar horarios, aperturas en días festivos o fijar sus zonas de gran afluencia turística.

Los independentistas piden delimitar los períodos de rebajas a dos temporadas al año, de entre una semana y dos meses, y que las comunidades puedan modificar las horas de actividad de los comercios, con un mínimo de 72 horas y ocho domingos y festivos de apertura autorizada.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, ERC recuerda que los Estatutos de autonomía de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares reconocen su competencia exclusiva en ámbito comercial y, sin embargo, el Gobierno central «ha vaciado estas competencias hasta reducirlas a la mínima expresión».

En este sentido, el portavoz de ERC ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, Joan Capdevila, se refiere a la regulación impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que fijó por ley unos criterios generales en un intento de liberalización que «ni ha otorgado dinamismo a la actividad comercial ni ha significado un aumento del consumo».

Más bien lo contrario, esgrime: «Ha generado confusión entre los clientes y ha eliminado la carga de incentivo que tenían tradicionalmente las rebajas», sostiene Capdevila que cree que esta reforma agravó la competencia desleal entre los grandes centros comerciales, con muchos más recursos logísticos, y el pequeño establecimiento.

Precisamente el pasado año el Congreso rechazó con votos del PSOE, Unidas Podemos y Vox la reforma propuesta por el Parlamento balear para devolver a las comunidades autónomas la competencia para poner fecha a las rebajas, dentro de los dos períodos tradicionales.

Esta iniciativa, una proposición de ley remitida por el Parlamento de las Islas Baleares y rechazada en marzo de 2021, buscaba recuperar la regulación de las rebajas previa a la liberalización total en 2012 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó en manos de cada comerciante la duración y el momento de las mismas.

Sin embargo, el PSOE rechazó esta propuesta y el PP se abstuvo ante ella, pese a que dos de los tres diputados autonómicos que defendieron la iniciativa ante la Cámara Baja eran de estos partidos.