El ex presidente de BBVA Francisco González ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que prorrogue seis meses la investigación sobre los presuntos encargos de espionaje realizados por el banco al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo para «el total esclarecimiento» de los hechos.

La defensa de Francisco González responde a la petición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 para que las partes se pronuncien sobre la posibilidad de extender la investigación penal más allá del 29 de enero, cuando está previsto que concluya.

Alega que, «por una cuestión de prudencia y efectividad», el plazo de instrucción debería ampliarse seis meses, «sin perjuicio de ulterior prórroga», dado que todavía hay diligencias pendientes que estima «necesarias para el total esclarecimiento de los hechos».

No solo hay diligencias acordadas pero sin practicar, sino también algunas denegadas pendientes de recurso y otras que aún esperan la respuesta del magistrado, por lo que «podría darse la eventualidad de que a raíz de la práctica de las mismas, surgiese la necesidad de acordar nuevas diligencias de investigación, lo que justifica plenamente la ampliación del plazo de instrucción».

Entre las cuestiones pendientes, la defensa de González menciona los múltiples investigados que se han ofrecido a comparecer ante García-Castellón, la mayoría de los cuales se acogieron a su derecho a guardar silencio cuando fueron citados por primera vez porque la causa estaba secreta.

En cambio, el BBVA reclama dejar expirar las pesquisas relativas a esta pieza separada número 9 de ‘Tándem’ al considerar que están «agotadas» después de más de tres años de «profusa investigación». A su juicio, «no hay nada más por investigar» y prueba de ello es que las diligencias efectuadas desde la prórroga acordada el pasado 29 de julio han sido «inútiles» porque «no han aportado ningún dato nuevo».

García-Castellón deberá resolver si continúa indagando en los servicios contratados por BBVA al grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.