La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha aplaudido que el Ministerio de Hacienda haya creado un mecanismo para que las Administraciones locales paguen dentro del plazo legal las facturas que tienen pendientes. La medida está dirigida a saldar las facturas anteriores al 31 de julio de 2021 de 1.640 consistorios y otras 670 entidades.

Pero entiende que los proveedores no deberían de renunciar a cobrar los intereses de demora, por lo que la Plataforma reclama que se corrija esta cuestión «con la mayor urgencia», ya que el plazo que tiene los municipios y proveedores para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes finaliza el 11 de febrero.

El presidente de PMcM, Antoni Cañete, reclama que esta medida tenga continuidad «porque está contemplado desde 2013 en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público» y no se explica «cómo se ha tardado tanto en ponerse en marcha».

Para la PMcM, los planes de pago a proveedores conllevan una inyección de liquidez a la economía real y son «muy útiles» para reducir la morosidad que afecta a pymes y autónomos, pero no son suficientes para asegurar la cadena de pagos.

El presidente de la PMcM ha explicado que no se ha arbitrado ningún mecanismo por el que estas empresas, una vez que cobran del plan de pago a proveedores, tengan la obligación de pagar a su vez a los subcontratistas, para que el dinero fluya hasta el último eslabón de la cadena productiva y que así la efectividad de este tipo de medidas tengan un efecto de cascada real y definitivo.

Según ha apuntado, muchas subcontratas quedan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las administraciones –fabricantes y contratistas– a través de un plan de pago a proveedores. «Por ello, exigimos que se ponga en marcha un régimen sancionador, que es la única vía para acabar definitivamente con esta lacra», ha recalcado Cañete.