Los impagos se han convertido en uno de los mayores desafíos económicos para el sector empresarial, lo que ha llevado a muchos negocios a adoptar una posición preventiva poniendo en marcha diferentes medidas para protegerse de la morosidad: pagos por adelantado, verificaciones de crédito, seguro crediticio, garantía bancaria… Sin embargo, tan importante como una correcta gestión de cobros, es asumir un rol proactivo y responsable frente a las obligaciones financieras con proveedores, manteniendo un equilibro entre ambos aspectos.

Para conseguirlo, durante los últimos años ha comenzado a promoverse la implantación en las empresas de un código ético que fomente la cultura del pronto pago, ayudando a alcanzar así una mayor sostenibilidad económica. Aunque la pandemia incrementó el número de compañías que disponían de un documento similar, este compromiso se ha reducido notablemente en la actualidad. Según el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 31% de las entidades españolas cuenta con un código ético de esta tipología, frente al 48% que optaba por esta medida hace un año, lo que supone un descenso de 17 puntos.

Tanto el período medio de pago a proveedores como el de cobro a clientes ha aumentado, aunque ligeramente, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2021 respecto a antes de la pandemia. Y no se espera una mejoría adicional para el primer trimestre de 2022. A esto se une el incremento de costes para las empresas por la evolución de los precios energéticos y de las materias primas.

El Informe Europeo de Pagos refleja que el 51% de las organizaciones reconoce estar tomando medidas para garantizar el pago a tiempo a sus proveedores, un porcentaje que deja a España en una posición de desventaja respecto a los otros 28 países europeos analizados por Intrum, aunque las diferencias no son muy acusadas.

Según el estudio, las compañías españolas ocupan, junto a Portugal y Bélgica (ambos con un 51%), el penúltimo puesto en el ranking de empresas que están aplicando pautas de este tipo, solo por encima de Croacia (50%) y tres puntos por debajo de la media europea.

Esta falta de regulación interna de los pagos a proveedores también se ve reflejada en el comportamiento demostrado por las compañías españolas en el último año. El 59% reconoce que la incertidumbre macroeconómica les ha llevado a extender las condiciones de pago a proveedores, lo que evidencia, una vez más, la necesidad de emprender acciones que ayuden a evitar problemas financieros futuros.

Seis de cada 10 empresas encuestadas creen que las fechas de pago deberían formar parte de los informes de sostenibilidad de las compañías, y el 70% opina que las empresas de mayor tamaño tienen la responsabilidad de garantizar que se realicen a tiempo los pagos a las entidades más pequeñas.