Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan de que las Directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2022, publicadas en el BOE del 31 de enero, hundirán las denuncias de los delitos fiscales porque siguen sin definir la cualificación de los empleados públicos que deben perseguirlos, ni quien asume las responsabilidades ante las defensas y los jueces.

Gestha también lamenta que la Agencia Tributaria omita que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida en España, más allá de los esfuerzos por anunciar que ésta será un área de atención prioritaria y que potenciará la coordinación de la lucha contra las actividades no declaradas.

No obstante, los técnicos reconocen algunas novedades positivas del Plan Anual de Control Tributario de 2022,l como la certificación que impedirá la fabricación o la tenencia del software de doble contabilidad, el control de la titularidad y operaciones con monedas virtuales, los nuevos requisitos de las Sicav, las retenciones de los trabajadores de las plataformas de reparto, o detectar al titular real de las villas de lujo situadas en España propiedad de sociedades opacas de Gibraltar o de jurisdicciones no cooperativas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “este Plan de Control Tributario continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos marcados en sus directrices generales». «Y es que para que el Plan no se quede en una simple declaración de intenciones, es necesario concretar quiénes van a ejecutarlo y se hagan responsables de su cumplimiento, según las competencias y funciones que se les atribuyan”, argumenta.