El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al acuerdo de la víspera de Navidad entre los sindicatos y la patronal, plasmado por el Gobierno en el Real Decreto que ya ha comenzado a regir las relaciones laborales. Por 176 votos frente a 174 se pone fin al desequilibrio entre el capital y el trabajo, perpetrado hace diez años por la mayoría absoluta del PP, con Mariano Rajoy Brey a la cabeza, quien despreció el pacto de rentas por el que apostaban los interlocutores sociales. Rajoy llegó al Gobierno con aquella reforma laboral bajo el brazo y la aprobó sin escuchar a nadie en el segundo Consejo de Ministros, a finales de 2011. Sus autores materiales tuvieron premio. El “militante oculto” del PP Francisco Pérez de los Cobos ascendió a presidente del Tribunal Constitucional. Su letrado de confianza y amigo íntimo se convirtió en director general de la ministra Fátima Báñez, encargada de aplicar la norma. Por abreviar, un falsario que ocultó al Parlamento su militancia política (No confundir con su hermano el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado en la jefatura de la Comandancia de Madrid por deslealtad y enjuagues políticos a favor de las derechas para incriminar al Gobierno como responsable de los contagios del coronavirus), una ministra de Empleo que fiaba a la Vírgen del Rocío la creación de puestos de trabajo, y un jefe del Ejecutivo que se colocaba de alfombra de los intereses bancarios y dormía la siesta, liquidaron de un plumazo los derechos sociales conseguidos por los trabajadores en décadas de brega sindical. Aquella reforma impuesta, con su introducción “zapateril”, convertió los convenios colectivos en papel mojado y, entre otras canalladas, permitió el despido legal de los trabajadores enfermos aunque estuvieran de baja. Aquella reforma impuesta costó dos huelgas generales, facilitó los despidos de millones de empleados, sumió al país en la larga depresión derivada de la crisis financiera de 2008 y generalizó la precariedad y el empleo-basura que todavía perdura en el mercado laboral.

La nueva norma, convalidada ahora por el Parlamento, nada tiene que ver, ni en origen ni en contenido, con aquellos abusos y aquel afán de la derecha política de destruir a los sindicatos. Nace del laborioso acuerdo entre la patronal CEOE, presidida por Antonio Garamendi Lecanda, los sindicatos mayoritarios: CCOO, dirigido por el también vasco Unai Sordo Calvo, y UGT, liderado por José Álvarez Suárez, asturiano emigrado a Cataluña en 1975, y el Gobierno progresista (que significa de progreso y no de retroceso como dicen Aznar y Casado) del PSOE y Unidas Podemos. La reforma pactada recupera derechos sociales básicos, comenzando por el valor de la negociación colectiva en pie de igualdad, pues capital y trabajo son complementarios, y siguiendo por la estabilidad en el empleo y la consiguiente oportunidad de encauzar la vida de millones de jóvenes, tanto mujeres como hombres. La reforma, desgranada por la vicepresidenta y dirigente de Podemos, Yolanda Díaz desde la tribuna del Congreso, bajo la atenta escucha de Sordo y Álvarez (Garamendi no estuvo en la tribuna de invitados) y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la rebaja de las liquidaciones por despido a 20 días por año trabajado, pero ya ha comenzado a surtir efecto en la reducción de la contratación temporal y el incremento salarial derivado de los nuevos convenios.

El rechazo de la derecha (y la extrema derecha, otrora en el mismo PP) pone de relieve una vez mas que lo suyo no es el diálogo ni la conciliación, sino la intolerancia y la imposición. Incluso, si escuchamos al número dos del PP, Teodoro García Egea, la negación de la realidad. ¿Pues no ha negado el murciano que la economía española esté creando empleo, tomando a los ciudadanos por defectivos de entendimiento? Claro que el rechazo del PP le ha supuesto la ruptura de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha votado a favor de la reforma. Si tenemos en cuenta que el PP no se presenta a las elecciones en Navarra, es irrelevante en Cataluña y va a la baja con Iturgaiz en Euskadi, nada y menos sale ganando con su política de dogma y tente tieso. Por el contrario, la flexibilidad y las buenas entendederas de Cs (9 diputados) y la actitud respetuosa hacia el diálogo de los agentes socioeconómicos del PDdC y Coalición Canaria (formaciones derechistas y liberales) han permitido ratificar la nueva normativa junto con Compromís, Más País y varios diputados progresistas del grupo mixto. Como bien dijo Díaz parafraseando a su paisana ferrolana Concepción Arenal, “las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”. Que el PNV haya rechazado el texto, con grandes disculpas por parte de su portavoz, Aitor Esteban, y que ERC haya votado con el PP y Vox, es algo que sólo puede obedecer a una falta de calidad y un ataque de cuernos por el liderazgo de Yolanda Díaz, en el caso de ERC, y a una afección de oídos en el caso del PNV, pues no parecen haberse enterado de que la norma respeta los convenios de ámbito autonómico y no excluye a los sindicatos vascos. Siendo el jueves, 3 de febrero, San Blas, patrón de los otorrinolaringólogos, convendría que se lo hicieran mirar.