El panorama de la economía española para los próximos trimestres dibujado por la Fundación de las Cajas de Ahorros no es especialmente halagüeño. Ángel Laborda, el responsable de análisis de la fundación, estima que el déficit público de 2011 estará situado en el entorno del 7,5%, lo que supone un importante incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, y, lo que es peor, que es muy probable que el PIB del cuarto trimestre entre en terreno negativo y que esta situación se prolongue a lo largo de todo 2012.

Si se cumplen estas dos condiciones, el esfuerzo que la economía española tendrá que hacer para conseguir terminar el año próximo con un  déficit público del 4,4% como está previsto será mucho más fuerte, lo que implicará no solo recortes de gasto más drásticos de los previstos sino, posiblemente, una inevitable subida de impuestos para conseguir mayores ingresos que compensen una parte del desequilibrio fiscal del Estado y las Comunidades Autónomas.

El problema es que con una economía en terreno negativo, el desempleo no hace sino aumentar, al tiempo que caen los ingresos públicos por la menor actividad, lo que se traduce en una disminución de las rentas disponibles de familias e instituciones públicas que son las dos patas que mueven el consumo, pieza esencial para conseguir algo de crecimiento económico.

En el lado de las empresas, la baja actividad retrae la inversión productiva permitiendo, con los excedentes obtenidos, ir reduciendo el elevado apalancamiento que tienen las compañías derivado del exceso de inversión registrado en los años anteriores a la crisis. En los dos últimos años las empresas han reducido su endeudamiento en torno a una cifra equivalente al 2% del PIB.

Pero la propensión al ahorro del conjunto de la economía no está siendo suficiente para equilibrar las cuentas. La tasa de ahorro familiar, que se recuperó en 2008 y 2009, ha vuelto a caer en 2010 y todo indica que lo seguirá haciendo en 2011. Las causas de este descenso hay que buscarlas por una parte en la menor renta disponible de las familias, consecuencia del crecimiento del paro y de que los salarios se han comportado de manera muy moderada, del aumento de los impuestos (al desaparecer los 400 euros del IRPF entre otras cosas) y del crecimiento de la inflación que se ha mantenido alta a pesar del escaso crecimiento económico.

El sector público es el que ha hecho un esfuerzo notable pero insuficiente. Y ello debido a dos cuestiones. La primera es que la menor actividad económica ha generado unos menores ingresos a los previstos por lo que la reducción el déficit por esa vía ha sido menor a la presupuestada. El ajuste ha llegado, por tanto, por la vía de los menores gastos y en ese terreno quien ha hecho los deberes ha sido la Administración central y, en la medida en que algunas decisiones afectaban a las Comunidades Autónomas también éstas lo han hecho. Por ejemplo la rebaja salarial a los empleados públicos del año pasado también se llevó a cabo en las Comunidades Autónomas

Pero el año preelectoral en que han vivido estas instituciones públicas han hecho, según Funcas, casi imposible que tomaran sus propias decisiones de recorte del gasto público que parece están adoptando en la actualidad, tras los resultados electorales.

La posibilidad de que, si finalmente el déficit de 2011 es muy superior al previsto, el nuevo gobierno surgido del 20N plantee formalmente en Bruselas un aplazamiento para el cumplimiento de llegar al 3% de desequilibrio, parece bastante lejana en la actualidad. “La crisis europea a consecuencia de los problemas de Grecia, indicarían más bien que en ese supuesto, la Unión Europea exigiera una vuelta de tuerca aún mayor en lugar de una mayor laxitud”, señalan en el ámbito de las cajas.