El coste de la morosidad para las empresas creció en el segundo trimestre de 2021 un 11,7%, hasta los 1.247 millones€, según el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, que detecta aumento en un 15,8% de la deuda comercial con retraso de pago, hasta los 264.567 millones.

«Esta morosidad tiene un coste para las empresas en términos de dificultades de financiación e intereses de demora exigibles que, con el tipo de interés en el 3%, se estima para este periodo en 1.247 millones de euros, un 11,7% más que en el mismo período del año anterior (1.117 millones de euros)», explica Cepyme.

En el tercer trimestre de 2021, el 70,5% de las facturas emitidas registraron retraso en su pago, un porcentaje ligeramente inferior al registrado en el trimestre anterior y medio punto más que en el mismo período de 2020.

El Periodo Medio de Pago de las facturas se situó en 82,5 días en el tercer trimestre, un día más que en el trimestre anterior, y ligeramente por debajo del alcanzado en el tercer trimestre de 2020 (83,3 días).

De esta forma, Cepyme aprecia una «tendencia a la estabilización de la morosidad en tasas elevadas» pese a la reactivación de la economía.

La demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño.

Aunque en el tercer trimestre el periodo medio de pago subió en las grandes empresas en 4,2 días, son las que menos tiempo tardan en pagar (68,1 días).

Por su parte, las microempresas redujeron en el tercer trimestre el periodo medio de pago hasta los 76,3 días, frente a los 77,6 días del tercer trimestre de 2020, mientras que las pequeñas lo bajaron a 83,6 días (84,2 en el mismo periodo de 2020) y las medianas empresas pasaron de 85,8 días en el tercer trimestre de 2020 a 84,4 días en el mismo periodo de 2021.

Por ramas de actividad, la construcción y promoción, junto con el sector textil, se mantienen como las actividades con mayores retrasos en el pago, alcanzando los 103,3 y 99,6 días de periodos medios de pago, respectivamente.

Además de en el sector textil, con un incremento del plazo medio de pago de 3,5 días, los mayores repuntes de este indicador se registraron en el sector agroalimentario, con 2,6 días más, hasta los 77 días de media, y en el sector químico, que pasó de 74,7 días en el tercer trimestre de 2020 a 76,8 días en el mismo trimestre de 2021.

Pese a ello, el sector químico, junto con el de distribución alimenticia, son los que presentan los periodos medios de pago más bajos (76,8 y 67,6 días, respectivamente).

Por comunidades autónomas, las que elevaron en mayor medida la morosidad empresarial en términos interanuales durante el tercer trimestre de 2021 fueron Galicia (2,1 días más) y Canarias y Madrid (1,8 días en ambos casos).

Aún así, Murcia se mantiene como la comunidad con el periodo medio de pago más alto (95 días), seguida de Andalucía (90,4 días). En el extremo contrario, Aragón (68 días), Castilla y León (74 días), Cataluña (74,3 días) y La Rioja (75 días) presentan los periodos más bajos, aunque todas superan el margen que establece la ley (60 días).

Cuidado con las sanciones por morosidad

El Observatorio de la Morosidad de Cepyme avisa que la inclusión de determinadas sanciones, como la pérdida de acceso a fondos europeos para empresas con morosidad o la indeterminación acerca de los procedimientos para llevar a cabo dichas sanciones, «puede resultar muy perjudicial para muchas pequeñas y medianas empresas».

«Es imprescindible tener en cuenta la situación que atraviesan buena parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que, tras estos dos años de crisis provocada por la Covid-19, han sufrido una importante caída de su actividad empresarial, un deterioro de sus balances y una pérdida de liquidez, que se ha visto agravada por la falta de compensaciones», defiende Cepyme.

Por ello, considera imprescindible incorporar criterios de proporcionalidad y progresividad a las sanciones, que diferencien entre grandes y pequeñas y medianas empresas; establecer grados de penalización según las cuantías y los plazos, y tener en cuenta la morosidad de las administraciones públicas, pues «en muchas ocasiones son el origen de la morosidad del sector privado».

Cepyme también considera necesario incorporar medidas que incentiven a las empresas a mejorar sus periodos de pago por encima de lo establecido legalmente.

Aunque estima que la generalización de la factura electrónica puede resultar un buen instrumento para controlar la morosidad, hay que tener en cuenta las limitaciones digitales de las empresas, por lo que pide establecer una mayor progresividad,  ayudas y no sanciones, para su implementación por parte de las empresas más pequeñas y los autónomos.

«Las dificultades de rentabilidad de las empresas en el actual contexto afectan a su viabilidad y a su crecimiento, por lo que favorecer la normalidad y el acceso a financiación llevará consigo una reducción de la morosidad», sostiene Cepyme.