
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
Eduardo Parra / Europa Press
El Comité Ejecutivo que la CEOE ha celebrado este martes con carácter extraordinario ha rechazado «por unanimidad» la propuesta del Gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales desde el 1 de enero de este año, según han informado a Europa Press en fuentes empresariales.
El Ministerio de Trabajo se reunió ayer con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la subida del SMI para 2022 y les dio unas horas, hasta mañana miércoles, para analizar su oferta en sus órganos de dirección.
CCOO ya ha dado el sí a la propuesta del Gobierno y UGT ya ratificó en su última Ejecutiva un SMI de 1.000 euros si la oferta de Trabajo iba en esa dirección, como finalmente así ha sido.
A mediados de septiembre del año pasado, el Ejecutivo acordó con los sindicatos elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, estableciendo también en dicho acuerdo el compromiso de que, mediante su «progresiva revisión» en 2022 y 2023, alcanzara el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
De dicho acuerdo se descolgaron las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.
UGT y CCOO descartan negociar un SMI por debajo de 1.000 euros
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han recalcado este martes que «no hay posibilidad» de negociar con el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que no conlleve los 1.000 euros por paga, por lo que han instado al Ejecutivo a «redondear hacia arriba» la cantidad de 996 euros que puso inicialmente sobre la mesa.
Así lo han señalado los líderes sindicales antes de participar en Valladolid en un encuentro con delegados laborales y con representantes de las candidaturas de PSOE y Unidas Podemos para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, en el que han detallado las mejoras que se han alcanzado para todos los trabajadores con la aprobación de la reforma laboral la pasada semana.
Tras la conclusión de esa negociación, como ha explicado Pepe Álvarez, siguen pendientes otras, como la de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se debe concretar en los próximos días.
En este sentido, Álvarez ha recalcado que «no hay posibilidad de llegar a ninguna negociación que no conlleve los 1.000 euros», pues ha incidido en que se trata de un «compromiso previamente adquirido» en el mes de septiembre, mientras que Sordo ha calificado de «irrenunciable» alcanzar esa cifra.
El líder de CCOO ha recordado que la situación actual es de una inflación muy elevada, que «puede ser coyuntural», pero que hace que los sindicatos vayan a defender una subida que no perjudique más de lo debido el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo el de los menores sueldos.
Álvarez ha señalado que los 1.000 euros serían una subida de algo más del 3% y que ya estarían por debajo de la inflación interanual actual, por lo que ha aseverado que «no ha lugar más que a que el Gobierno escuche y cumpla» lo prometido.
Los líderes sindicales han intervenido en una asamblea con varios centenares de delegados de UGT y CCOO a quienes han explicado los acuerdos que contiene la reforma laboral aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una norma que, para el secretario general de CCOO, es la reforma laboral «más trascendente para el mercado laboral» y con más medidas para la estabilización del empleo desde los años 80 del pasado siglo, aunque ha matizado que quizás con la excepción de la de 1997.
«Es un acuerdo que aportará una enorme intensidad en contratación, va a conllevar la estabilización y la caída de la tasa de temporalidad en los próximos trimestres y años, equilibra la negociación colectiva y ofrece alternativas a despidos a través de los ERTE, que han conseguido salvar más de 3,5 millones de puestos de trabajo», ha indicado Sordo.
En conclusión, se trata de un «paquete» de medidas laborales con políticas laborales «distintas» a las que se tomaron en el resto de salidas de las crisis económicas y, además, con la mayoría de ellas «avaladas por patronal y sindicatos».
«Lamentable espectáculo y piratería»
Ambos líderes sindicales han coincidido en reprochar algunas de las actitudes que se vieron por parte de partidos políticos y otros sindicatos durante la negociación y en la votación del pasado jueves.
Por eso, Pepe Álvarez ha lanzado un mensaje a los trabajadores para que, ante las cosas que quedan por cambiar en la legislación laboral, «confíen» en los sindicatos que han logrado modificar las cosas «como ha quedado patente en los últimos meses» y no confiar en quienes «solo gritan, no dan un palo al agua y se quedan sin hacer nada».
Así se ha referido a organizaciones como ELA y Lab, «que siempre están en contra», y también a las fuerzas políticas de izquierdas que «hicieron un alegato contra la reforma» que se votaba, aunque Álvarez considera que en realidad «no hablaban de esa reforma sino de cuestiones que no entraron en la negociación» y que se podrán abordar próximamente.
Mientras tanto, Sordo se ha referido a esa situación como un episodio «lamentable», lo que sometió al debate a una «tensión inadmisible», de modo que ha querido hacer un llamamiento a las fuerzas de la izquierda a que «hagan una reflexión», pues considera «necesario recomponer una mayoría progresista en las Cortes» y hacer una lectura «con altura de miras».
Sobre el Partido Popular, ha reclamado que dejen de «retozar en el charco», pues aunque el error de un diputado del PP facilitó la aprobación de la reforma laboral, hubo otro episodio «más grave» de «transfuguismo» y «piratería política», ya que dos parlamentarios (de UPN) ocultaron el sentido de su voto durante «todo el día» con la idea de tirar abajo una reforma que es «la mejor en muchos años» para los derechos de los trabajadores.
El Gobierno insiste en subirlo a 1.000 euros
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha recalcado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la intención del Ejecutivo de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 14 pagas este 2022.
Rodríguez ha señalado que el SMI es «un elemento más en el avance por la dignificación de las condiciones laborales y de aquellos trabajadores más vulnerables».
La ministra portavoz ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa el SMI ha subido 230 euros en tres años y ha recalcado que los más beneficiados han sido los trabajadores jóvenes y las mujeres.
«Esta es la senda en la que hay que avanzar. Las cotizaciones sociales forman parte de la protección que después tenemos los trabajadores ante muchas contingencias y, por tanto, del anclaje fundamental del Estado del Bienestar que nos hemos dado», ha dicho durante la rueda de prensa.
El Ejecutivo convocó el lunes a los sindicatos y los empresarios para presentarles su propuesta de subida del SMI para este 2022. Aunque el Gobierno no está obligado a negociar ese incremento, solo a consultarles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha tratado de que esta medida vaya respaldada por un acuerdo.
Trabajo y los agentes sociales volverán a reunirse este miércoles, a las 12.00, aunque Díaz solo contará con el visto bueno de CCOO y de UGT, ya que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado la subida este martes por unanimidad en su comité ejecutivo extraordinario.
A mediados de septiembre del año pasado, el Ejecutivo acordó con los sindicatos elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, estableciendo también en dicho acuerdo el compromiso de que, mediante su «progresiva revisión» en 2022 y 2023, alcanzara el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
De dicho acuerdo se descolgaron las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre la prórroga del SMI en 965 euros al mes hasta que se produjera el nuevo acuerdo.
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