La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) alerta sobre la «exclusión financiera insostenible» que están viviendo en el país «millones de familias» y reclama al Gobierno medidas contra la «aporofobia bancaria», el trato discriminatorio que dan las entidades financieras a las personas en situación de pobreza o exclusión social.

En la jornada virtual ‘Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria? #aporofobiabancaria’, organizada en colaboración con la Red de Galicia, se han abordado las principales causas de las dificultades financieras derivadas de la pandemia y se ha analizado la gestión de los recursos en los hogares, el endeudamiento, el acceso a la banca o la pérdida de servicios en las zonas rurales.

Una investigación de EAPN-ES, realizada sobre una muestra 348 personas en situación de vulnerabilidad social, revela que el 47,6% ha sufrido un gran incremento de las comisiones por servicios de su banco; el 44,2% ha asegurado que las condiciones de su cuenta han empeorado y le han quitado bonificaciones, y el 20,2% han querido abrir una cuenta bancaria y se la han denegado.

En un 80% de los casos, los bancos les piden requisitos para la apertura de la cuenta que no pueden cumplir; en un 60% quedan excluidos debido a que sus ingresos son muy escasos, y en 20% tienen miedo a operar por Internet.

La discriminación en el acceso a las personas pobres se une a la ‘violencia administrativa’, que hace referencia al trato distante, prejuicioso, sin empatía, ni calidad por parte de la Administración encargada de atender las demandas sociales de las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad. Y que se concreta en la prioridad que existe de la tramitación online frente a la atención presencial o en que, en el ámbito rural, la población no tiene acceso a la atención.

También se critica la complejidad de los trámites y la falta de recursos para pagar un servicio de defensa legal que les apoye.

EAPN-ES reclama a los gobiernos, central y autonómicos, garantías de operatividad de la cuenta básica, que los bancos no apliquen comisiones por cobro de servicios a las cuentas con menores cuantías, mejorar la opción de la quiebra personal, o la puesta en marcha de campañas de acceso a competencias digitales, para evitar que las personas no puedan acceder a servicios básicos por carecer de los conocimientos o los instrumentos necesarios.

También exige garantías para la atención presencial a todas las personas que así lo necesiten.

Y propone que el Banco de España controle a todas las entidades de créditos rápidos que actualmente operan sin su supervisión y que encuentran clientes entre las personas desesperadas.

Solicitan a las entidades del Tercer Sector de Acción Social apoyo a las personas en pobreza para mejorar su educación financiera y superar la brecha digital.

Para el presidente de EAPN-ES y Europa, Carlos Susías, asegura que las «decisiones políticas y económicas» han llevado a la ciudadanía a «una situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias».  «El Banco de España y el Ministerio de Economía deben afrontar la aporofobia bancaria y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema bancario y financiero», recalca.

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, reclama que la «alfabetización financiera» sea «una prioridad para la banca». Carlos San Juan, promotor de la Campaña #SoyMayorNoIdiota, pide «recuperar la atención humana y personal en las entidades bancarias».

El secretario general de la Valedora do Pobo de Galicia, Fernando de Andrés, ha llamado la atención sobre los colectivos que más están sufriendo el aumento de la exclusión financiera: «Personas mayores, migrantes y refugiadas o perceptoras de pensiones o rentas mínimas de bajo importe, trasladan repetidamente su preocupación por las dificultades para acceder a cuentas básicas gratuitas, el cobro de elevadas comisiones bancarias o el embargo indebido de prestaciones».

La gerente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, critica «las carencias de información de los consumidores para acceder a la cuenta de pago básica». «Pese a que la normativa obliga a las entidades de crédito a informar sobre las cuentas de pago básicas, existe un incumplimiento generalizado de tales deberes de información», denuncia.