Alejandro Martínez Vélez/Europa Press

El Gobierno y los sindicatos pactaron hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros, por catorce pagas, desde el pasado 1 de enero. La medida irá al Consejo de Ministros “con prontitud”, según avanzó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien lamentó la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme en el acuerdo.

La subida del salario mínimo interprofesional beneficiará a 1,8 millones de trabajadores, según un estudio elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Las mujeres y los jóvenes serán los más beneficiados por este incremento del 3,6% respecto al salario mínimo del año pasado.

En el campo el porcentaje de beneficiarios se eleva hasta el 40% de todos los asalariados del sector, que pasarán a cobrar por una jornada completa 36 euros más que el año pasado.

Por edades, un 30% de los jóvenes menores de 25 años, y un 14,4% de lo menores de 35 años, verán incrementado ese 3,6% su salario, hasta los 1.000 euros (más del doble que la subida media pactada en convenio, en torno al 1,5%).

Entre las mujeres, un 14% verán mejorada su retribución, frente al 8,5% de los hombres; y en general, un 11% de toda la población asalariada del país.

Tanto la ministra de Trabajo como los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, resaltaron la importancia de la subida, que calificaron de “hito”; y que se verá continuada el año próximo con una nueva subida, que podría situar esta renta en torno a los 1.050 euros, en función de lo que diga un comité de expertos, que debe fijar la cifra que representa el 60% del salario medio el año que viene; el listón marcado por la Carta Social Europea para el salario mínimo, al que se comprometió el Gobierno.

Niegan la destrucción de empleo

Tanto la ministra de Trabajo como los líderes sindicales se emplearon a fondo para desmentir que la subida del salario mínimo se traduzca en destrucción de empleo, en contra de lo afirmado por numerosas instituciones, el Banco de España, entre ellas, o la propia patronal, que ayer advirtió, tras desmarcarse del acuerdo, sobre la afección de la subida en sectores como el campo, la limpieza y las empresas de seguridad.

Sin embargo, los firmantes de la subida enarbolaron los datos de afiliación de la agricultura, el sector con mayor impacto por la nueva subida —con un 40% de sus trabajadores afectados—. Unos datos de afiliación que indican que el sector ha ganado 14.500 afiliados desde 2018, hasta rondar los 840.000 ocupados, “un récord”, según destacó la vicepresidenta Díaz; a pesar de las importantes subidas del salario mínimo en el período.

También recordaron que en 2017, con el Gobierno del ‘popular’ Rajoy, el salario mínimo esta fijado en 735 euros; lo que da idea de la importante subida de esta renta mínima en el plazo de los últimos años, a pesar de la pandemia (el año pasado, la subida fue de 15 euros, y solo desde septiembre).

Pendientes de los empresarios

Los firmantes del acuerdo restaron importancia al hecho de que las patronales CEOE y Cepyme se hayan desmarcado del acuerdo. “El diálogo social goza de excelente salud”, remarcó Díaz.

Los empresarios y los sindicatos, esta vez en una mesa bipartita, deben ahora sentarse a negociar un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC), que recoja toda la normativa recién aprobada, y aborde la subida salarial en un contexto de alta inflación.

Sordo, líder de CCOO, volvió hoy a abogar por un pacto a “dos o tres años” que impida que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por culpa de la subida generalizada de los precios, aunque trasladando las subidas al final del perído, según ha dejado ver en otras ocasiones.

Por su parte, Álvarez, de UGT, destacó la importancia de la negociación colectiva a la hora de trasladar a las empresas el compendio de asuntos recién regulados, como la propia reforma laboral, aprobada la pasada semana, el teletrabajo, los planes de igualdad y los registros horarios, entre otras.

“A la legislatura le queda su segunda mitad”, afirmó Unai Sordo, quien advirtió del peligro de que el “muy relevante” acuerdo de reforma laboral “se quede en las páginas del Boletín Oficial del Estado”.

Los sindicatos emprenderán una serie de asambleas donde impulsar la “concreción” de las medidas legisladas gracias a la convalidación del real decreto ley la pasada semana.

Entre estas medidas que ahora deben trasladarse a los convenios colectivos y las empresas están la conversión en indefinidos de los trabajadores temporales; la aplicación de los nuevos ERTE del Mecanismo RED; o el tratamiento de los fijos discontinuos, ahora que desaparece el contrato de obra y servicio.

“La reforma laboral contiene elementos de flexibilidad muy importantes, que quedan para la negociación colectiva”, abundó Álvarez.

El líder de UGT pidió, finalmente, más medios para la Inspección de Trabajo a fin de asegurar el cumplimiento de la reforma laboral.