Miguel Sebastián Gascón, exdirector de la Oficina Económica de la Moncloa y ex ministro del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, fue interrogado en una televisión. ¿Está de acuerdo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta mil euros al mes? La respuesta del economista madrileño fue rotunda. NO. Y luego se tomó un pequeño tiempo para explicar las razones de su negativa.

No se alarmen, no voy a hablar otra vez del SMI ni siquiera directamente de la reforma laboral. Voy a entrar en otro terreno en el que la integridad y la independencia intelectual del profesor Sebastián Gascón me sirven como ejemplo de lo que debería ser una actitud normal en un político o, a mayor abundamiento, de un personaje público, se dedique a la política o a cualquier otra profesión u oficio de notoriedad pública.

Para este cronista, una de las claves de la penosa deriva institucional de nuestro país es la falta de entereza moral y la sobra de cálculo de nuestras clases dirigentes, especialmente de los políticos. Sacar a colación la ejemplaridad exigible suena a sarcasmo en las presentes circunstancias.

La conducta de los representantes políticos en lo que llevamos de legislatura nacional y en no menor medida en comunidades autónomas y corporaciones locales es, como acuñó el ministro franquista de Agricultura, Allende y García Baxter para definir las fincas improductivas, manifiestamente mejorable.

Las instituciones sufren un deterioro uniformemente acelerado.  Una de las causas se remonta a la Ley Electoral, que permite el adulteramiento de la representatividad que crean las listas cerradas y bloqueadas y aboca a la abstención sistemática de muchos ciudadanos entre los que me encuentro.

De este quebranto de la representatividad democrática, parten otros muchos males. Me refiero, naturalmente, a la violencia constitucional de lo que se ha dado en llamar disciplina de voto, que atenta directamente contra el Artículo 67.2 de la Constitución vigente.

Esta sujeción de las personas al grupo es intelectualmente resistible y prácticamente impresentable, ya que obliga a los electos a firmar una claudicación de su libertad ante la conveniencia del grupo y, por ende, anula el debate interno. Y luego, los llaman tránsfugas si no siguen las piruetas de los dirigentes que, por definición, nunca serán tránsfugas aunque cambien radicalmente de opinión ante la sacrosanta conveniencia, que se yergue como un totem de la acción política.

Hablaba el eximio catedrático Elías Díaz en un libro sobre la Transición  de los residuos ideológicos de carácter más bien regresivo, que creo (decía Díaz) subsisten todavía en las actitudes mentales y en las posiciones tácticas y estratégicas de algunos sectores de la izquierda española actual (El libro es de 1987). Si el lector no lo toma como petulancia yo haría una apostilla al profesor Díaz y diría que algunos sectores de la derecha también padecen esos mismos residuos regresivos, porque en atención a sus actitudes de prevalencia del poder del grupo sobre el individuo, izquierda y derecha van de la mano y no parecen dispuestos a soltarse.

El espectáculo deprimente de los poderes del Estado facilita mucho los argumentos rupturistas que vienen de la ultraizquierda y de la ultraderecha. El Ejecutivo, emitiendo frenéticamente decretos que relegan al legislativo a apretar mecánicamente el botón, aunque hasta eso lo hacen mal. El Legislativo que no encuentra otro trabajo que hacer que sus tan frecuentemente ridículas sesiones de control y unas comisiones abstrusas y ajenas a la vida civil. Y el Judicial sumido en el marasmo y con unas dificultades operativas perennes.

Vuelvo al profesor Díaz para tratar de enfocar una solución nada simple. Una decidida profundización y autentificación de la democracia. Un proceso que pasa en primer lugar por los partidos políticos, que no son un paradigma de lo democrático.