Con la derecha política en la oposición siempre habrá motivos para no subir el salario mínimo, sino el sueldo a los jueces. Hay que ver el trabajo que les dan. Lo que ni comprando tránsfugas ganan en el Parlamento (caso de la Reforma Laboral) lo elevan a sus judiciales señorías, supuestamente más proclives a darles la razón. Me dijo hace muchos años Javier Moscoso del Prado, que fue diputado por Navarra y ministro de Administraciones Públicas, que si por los jueces fuera (y también los militares, los banqueros y otros estamentos) no habría habido transición a la democracia. Más que conservadores eran estáticos. Cierto es que entonces ni Fraga judicializaba la política.

En cambio, ahora no pasa día sin que los jefes del PP y la ultraderecha traten de empapelar al Gobierno. Así que en vísperas de las elecciones anticipadas en Castilla y León, el líder “popular”, Pablo Casado, ha presentado su penúltima denuncia, esta vez, ante la Junta Electoral Central, que se reúne en el Congreso de los Diputados y está compuesta por juristas y magistrados, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por realizar anuncios con “una evidente connotación electoral”. Y por hacerlo con “el ánimo de influir en las elecciones de Castilla y León, o al menos, sin observar el mínimo deber de cuidado y con absoluto desprecio a la norma”.

El pliego de cargos se refiere a la inversión pública de 1.000 millones de euros anunciada el lunes, 7 de febrero por el jefe del Gobierno en Níjar (Almería) para potenciar la industria de transformación de los productos agrarios. La medida fue aprobada al día siguiente por el Consejo de Ministros. Y aunque los campos de Níjar, bien distintos de la descarnada miseria de sus gentes, reflejada en 1960 en la novela de Juan Goitisolo, se hallen a gran distancia de los regadíos de remolacha del antiguo Páramo leonés que tanto preocupan a Casado cuando se trata de recolectar votos, el PP entiende que la medida contraviene la normativa electoral e incide en la recta final de la campaña.

Aunque se desconoce si incide más o menos (la justicia tiene sus tiempos) que el error del voto telemático (no fallo del sistema) del diputado y miembro de la dirección del PP, señor Casero, cuya cabeza de apóstol le jugó una mala pasada y votó a favor de la Reforma Laboral pactada por patronal, sindicatos y gobierno, resulta evidente que Sánchez gobierna para toda España (también para Castilla y León) y no es candidato sancionable por ánimo o parcialidad electoral en el manejo de los bienes e intereses públicos. La acusación de Casado revela, no obstante, el sesgo que tanto él como el presidente autonómico en funciones, señor Mañueco, han querido dar a su campaña. Un sesgo torcido y torticero, más en contra de Sánchez que a favor de comunidad autónoma que gobiernan desde hace 35 años, la más extensa y despoblada de España.

Las elecciones anticipadas por Mañueco a este domingo, 13 de febrero, traen causa de la decisión del PP de romper su pacto de gobierno con Ciudadanos (Cs) y, más allá de las riñas, arbitrismos y mangoneos pro domo sua, lo que está en juego es el reparto de los votos que permitieron a Cs obtener 11 diputados y gobernar con los 29 del PP en vez de hacerlo con los 35 del PSOE, encabezado por el señor Tudanca. El PP y la ultraderecha dicen que aquellos votos son suyos e irán a su saca, pero habrá que contarlos bien y prestar atención a los tránfugas.