En medio del debate sobre la reforma fiscal, que se ha puesto en marcha con el encargo realizado por el Gobierno al Comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario y cuyo informe se espera que vea la luz próximamente, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España analiza las “Vías para rebajar el fraude fiscal”, en una jornada en la que han intervenido Jesús Quintas Bermúdez, miembro del Consejo Directivo del REAF, y Diego Martín-Abril y Calvo, inspector de Hacienda en excedencia.

Los dosexpertos han coincidido en señalar las dificultades que existen para medir la economía sumergida, el fraude y la elusión fiscal, y también en que se deberían explorar vías de conciliación o arbitraje como medios para mitigar la litigiosidad tributaria, y en que sería conveniente  eliminar o reducir al mínimo el régimen de estimación objetiva del IRPF y el simplificado del IVA.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, cree que “no se pueden dejar de tomar medidas normativas para rebajar el fraude fiscal, porque la realidad va por delante de la regulación; pero lo fundamental es profundizar en que el cumplimiento voluntario sea fácil, mejorar la utilización de los recursos humanos y materiales, e intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias”.

Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera que “la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe de realizarse en términos de multivariable, sin que existan medidas estrella, pero con una revisión constante de la prevención y de los métodos que emplea la Administración con respeto a la seguridad jurídica, y priorizando la colaboración social”.

Las cifras de la Agencia Tributaria en cuanto a lucha contra el fraude muestran una línea ascendente: en 2018, 15.000 millones, 2019, 15.700 millones y 2020, 17.2000 millones.

Para reducir la economía sumergida, Diego Martín-Abril cree que «se debería incidir en la formación ciudadana, en una mayor conciencia fiscal o en la corrección moral. «Dado el daño que estás conductas provocan a nivel empresarial, los acuerdos de entendimiento con sectores empresariales de lucha contra el fraude y la economía sumergida debieran ser prioritarios».

Para Jesús Quintas, «una primera medida debiera ser eliminación y/o simplificación de requisitos y trámites, evitar la hiper-regulación y las duplicidades regulatorias; unificar o interconectar las vías y formas de acceso y tramitación de solicitudes y expedientes ante la Administración, y establecer un sistema único de identificación; comprobación de direcciones y domicilios de empresas y actividades (flujos de productos, equipos y materiales; flujos financieros); revisión de movimientos bancarios o financieros anómalos o injustificados; o asesoramiento y seguimiento de nuevas actividades”.

Sobre el fraude fiscal, considera que » debe incentivarse la regularización voluntaria y prestarse más atención a la prevención, sin que ello suponga relajar la investigación y comprobación, pero centrándola en las conductas y prácticas más graves y relevantes, jurídica y económicamente».

Otras propuestas son:

• ventanilla única de acceso y notificaciones para todas las Administraciones y, en su caso, clave de acceso única;
• intercambio y actualización inmediata de las altas, bajas y cambios de domicilios o direcciones electrónicas (muy especialmente, en el ámbito de una misma entidad pública);
• servicio permanente de ayuda presencial a los nuevos contribuyentes o en las primeras declaraciones a presentar, mediante citas previas que permitan el cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias;
• acortamiento del plazo entre el vencimiento del plazo de presentación de declaraciones y el inicio de actuaciones de verificación y comprobación;
• programa efectivo de detección preventiva o precoz de determinados tipos de operaciones y/o actividades (operaciones intracomunitarias, mecanismos comercializables de la DAC6, domésticos o transfronterizos),  y de productos financieros o de inversión no comunicados a la CNMV, etc.;
• eliminación gradual casi total de los regímenes objetivos del IRPF e IVA;
• y revisión de los criterios de segmentación de las actuaciones de acuerdo con los recursos disponibles (humanos y materiales) y la relación coste-beneficio”.

Diego Martín-Abril añade la cooperación administrativa y reforzarse la labor de prevención y la asistencia tributaria. «Parece que ya es hora de que desaparezca el régimen de estimación objetiva”, apunta.

Jesús Quintas Bermúdez plantea que «el movimiento de creación de nuevos impuestos (la “fiscalidad verde” en particular), y la contradictoria política fiscal respecto de la electricidad, pueden terminar teniendo efectos negativos en la recaudación y en la renta disponible, además de incrementar la resistencia social“.

Diego Martín-Abril destaca que la obtención de información nacional e internacional se ha convertido en pieza fundamental de la lucha contra el fraude, y que «las técnicas de big data se están incorporando activamente en la lucha contra el fraude, así como el control del software de doble uso o la utilización de las unidades de auditoría informática». Pero «la aparición de nuevos elementos, como las criptomonedas, ponen en duda si la lucha contra el fraude va un paso por detrás de las nuevas técnicas o de la ingeniería financiera”.