El resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León abre la oportunidad de un acuerdo entre las dos grandes formaciones, el PSOE y el PP, para no tensar ni polarizar más la política española. El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha dado el primer paso ofreciendo un pacto al presidente del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, que permita seguir gobernando al conservador Alfonso Fernández Mañueco, ganador por la mínima (sacó 31 escaños, dos más que su contrincante Luis Tudanca) de los comicios anticipados del 13 de febrero.

Las condiciones de Sánchez son claras: un pacto por la democracia que impida el avance de la ultraderecha, enemiga de la pluralidad y la convivencia democrática. “Un pacto para todos los días, para siempre y en todos lo territorios”, precisó Sánchez el miércoles en el pleno del Congreso.

Pero Casado evitó responder. Enumeró su habitual lista de agravios, desde el indulto a los independentistas catalanes hasta los “favores a los presos de ETA”. “Tiene que decir si está con las víctimas o con los verdugos”, le imprecó. Y le recordó que “ya ha perdido cuatro elecciones desde que fue investido”. En realidad son tres, pues los socialistas ganaron las elecciones en Cataluña con Salvador Illa de candidato, aunque gobiernen los nacionalistas con ERC al frente.

Sánchez hizo la lectura de los resultados en Castilla y León en clave nacional, la misma que hacía Casado antes de la votación del domingo, y le dijo abiertamente: “Ha llegado la hora de la verdad; usted creó una trampa y ahora está entrampado”. Pero el líder del PP, menos sonriente que en otras ocasiones, no se sintió aludido.

Las opciones de la derecha para seguir gobernando en la comunidad más extensa y despoblada de España, en la que lleva mandando 35 años, son contadas: o hace un gobierno de coalición con VOX en sustitución de la que formaron con Ciudadanos o acepta la oferta del PSOE o vuelve a convocar elecciones.

Las tornas han cambiado. Cs, que tenía 12 procuradores se ha quedado en uno y la ultraderecha, que tenía uno, ha conseguido 13. Y ahora, su jefe Abascal exige entrar en el ejecutivo castellano y leonés. Aunque son distintos al residual partido de centro liberal, no quieren ser menos y piden la vicepresidencia, cuatro consejerías y la derogación de las leyes de igualdad de género y contra la violencia machista, para empezar.

Entre el presidente autonómico en funciones, Mañueco, y la ultraderecha vóxida (franquistas agazapados de toda la vida) no existen diferencias ideológicas notables. Téngase en cuenta que el personaje se negó a cumplir la ley de Memoria Histórica y retirar el medallón de Franco de la plaza Mayor de Salamanca cuando era alcalde de la ciudad de la que también su padre fue regidor por designación del dictador. Y aunque desea gobernar en solitario, la aritmética y Abascal (el “Santi” de Esperanza Aguirre) obligan.

De momento, Casado, que no hizo ascos al apoyo de VOX a la investidura de su contrincante madrileña Isabel Díaz Ayuso (hija política de Aguirre), ha dicho a Mañueco que haga lo que más le convenga. Después, dentro de un mes, el gobierno de Mañueco será un asunto parcial, regional, como en Madrid, en Murcia y, probablemente, también en Andalucía.

No es que Casado se haya “mañuequizado”, sino que la dirección central y centralista del PP se habrá “federalizado” y el líder y sus ayudantes habrán perdido el mando y control del aparato. De ahí a la implosión y crisis interna, un paso.