Los peritos judiciales, cedidos por el Banco de España a la causa que investiga la quiebra del Banco Popular, avalan la auditoría interna de la entidad respecto a la financiación concedida a los inversores para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016.

Los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández validan el criterio del Popular, que en su momento identificó un importe de acciones suscritas financiadas de 571 millones€, por el que se dedujo 288 millones de euros en recursos propios.

El documento, de 9 páginas, calcula que 14.229 clientes recibieron financiación entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 2016, todavía durante la presidencia de Ángel Ron, por un importe de 2.366 millones, y suscribieron acciones por 702 millones.

Pero esta última cifra «no se puede tomar como el importe que el Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al Hecho Relevante de 3 de abril de 2017».

Hacen alusión a la comunicación remitida por el Popular, ya con Emilio Saracho al frente, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que se anunció la reexpresión de las cuentas que elevó a 3.611 millones de euros las pérdidas del ejercicio anterior.

En opinión de ambos expertos, los 702 millones surgen de la «simple» suma del importe de las acciones suscritas por los clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si ésta era «igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si se destinó a otras finalidades».

Al igual que detectó la auditoría interna del banco, «en la práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones».

En este punto, los peritos judiciales advierten de que aunque el importe de acciones financiadas que ellos obtienen «es mayor» que los 571 millones calculados por la entidad, «hay que tener en cuenta que los ficheros incluyen grupos y créditos donde hubo incremento de financiación» independientemente de su formalización.

Si se toman sólo los grupos con operaciones formalizadas entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 2016 «el importe de las acciones en riesgo de haber sido financiadas en los ficheros se reduce a 627 millones de euros», unos niveles «muy similares» a los de la auditoría interna.

En cualquier caso, los expertos opinan que su importe es más elevado «por operaciones que, en su momento, la auditoría interna pudiera no haber detectado, pero también porque incluye otras donde los ficheros indican una finalidad específica o cuentan con garantía o se registran en una sociedad del grupo cliente distinta de la suscriptora».

En todos estos supuestos, la cuantía indicada por el informe remitido a la Audiencia Nacional «podría verse reducido» si se realiza un análisis individualizado, «ya que la mayor parte de estas operaciones no se habrían destinado a financiar la compra de las acciones».

Los peritos recuerdan que el Popular «corrigió su declaración de recursos propios de junio de 2016 para deducir un importe de 288 millones por financiación de acciones en la ampliación de capital».