La Fiscalía Anticorrupción ha abierto las primeras diligencias de investigación sobre los contratos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Se trata de unas pesquisas a raíz de las tres denuncias presentadas la pasada semana por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que reclamaron que se indague en un contrato de emergencia por la adquisición de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a través de un contrato adjudicado por el Gobierno regional a una empresa de un amigo de Isabel Díaz Ayuso y su hermano, quien cobró por intermediar. El Ministerio Público cree que hay que investigar para depurar cualquier irregularidad en la Administración y por “la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar” los hechos denunciados durante la pandemia.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Alejandro Luzón ha firmado el decreto de incoación de diligencias. Por tanto, se reconoce que existen unos primeros indicios sólidos de delito sobre los que hay que invesgiar. Será este departamento el que lidere la instrucción de momento, según confirman fuentes fiscales, si bien si finalmente la sombra del delito de tráfico de influencias alcanza a la presidenta madrileña tendrá que incoarse un procedimiento en el Tribunal Supremo por su condición de aforada.  En este último caso las denuncias podrían terminar en una querella. De no encontrarse ningún delito, las diligencias se archivarían.

De momento, el procedimiento no ha hecho más que comenzar con la incoación de diligencias sobre la adjudicación de dicho contrato y para esclarecer el papel jugado por el hermano de la presidenta madrileña.

PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid presentaron su denuncia por presuntos  delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho, si bien dichas denunicas no están dirigidas contra Isabel Díaz Ayuso.