El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno aprobó hoy el proyecto de ley que regula e impulsa los planes de pensiones de empleo. Se trata de una nueva regulación que pretende multiplicar el número de empresas que ofrezcan estos planes de pensiones a sus empleados; y que aporta pocas novedades respecto a la legislación actual, según sus detractores. Sin embargo todos coinciden en que los grandes beneficiados serán los autónomos, que, según la redacción provisional, triplican el dinero que pueden deducirse en el pago del Impuesto sobre la Renta.

El Consejo de Ministros aprobó hoy martes en segunda vuelta el proyecto de ley de regulación de estos planes de pensiones de empleo. Con ello, el Gobierno pretende elevar el número de trabajadores que mejoren sus pensiones, mediante aportaciones de las empresas, ligadas a su salario.

Según el Gobierno el proyecto de ley facilita la creación de estos fondos, que ya existen en la legislación actual, y beneficia especialmente a las rentas más bajas, así como a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto, sin embargo, no gusta a los sindicatos, que creen que en nada mejora la legislación actual, salvo en el caso de los autónomos, que verán triplicada la cantidad que pueden deducirse en el Impuesto sobre la Renta respecto a la norma actual.

Reorientación del ahorro para la jubilación

Tampoco los empresarios han avalado este instrumento de creación de fondos que pretende reorientar el ahorro complementario para la jubilación. La intención del Gobierno es derivar el dinero que hoy se dedica a planes de pensiones individuales hacia estos planes colectivos de empresa. Los también llamados planes de empleo gozan de buena salud en el País Vasco, un modelo en el que se ha inspirado el Gobierno; si bien en el conjunto de España su presencia es testimonial.

El Ejecutivo ha debido dar marcha atrás a su deseo de regular, ya en la ley, las comisiones que podrán cobrar las gestoras y depositarias de estos fondos, que serán instituciones privadas, aunque bajo el control y la supervisión del Estado, mediante grupos o comisiones compuestas por empresarios, sindicatos y la propia Administración.

El ‘superfondo’ es una pieza más en esa estrategia de canalizar el dinero de los fondos de pensiones individuales hacia los fondos colectivos. Y donde ya juegan un papel esencial los incentivos, recortados en el primer caso en los presentes Presupuestos Generales del Estado, y ampliados en el segundo.

Así lo destacan desde el ministerio de la Seguridad Social, promotores de la idea. “Con ello, se continúa con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas”, afirmaron tras recordar los nuevos límites de la deducción en el IRPF, de 1.500 euros para planes individuales, y de 10.500 en el caso de estos planes grupales.

Las empresas, por su parte, podrán deducirse hasta 1.350 euros por trabajador y año, según prevé el proyecto de ley que ahora enfila el camino de las Cortes.

Sin embargo, los empresarios y los sindicatos desconfían de la bondad de estos incentivos. Y consideran que solo benefician nítidamente a los autónomos, que verán triplicada la cantidad que pueden deducirse en el pago de impuestos, hasta un máximo de 5.750 euros al año.

Además, los patronos recelan del intervencionismo público. Y consideran excesivo el papel del Estado en la gestión y control del nuevo fondo, que choca —opinan— contra las reglas de la competencia.

Sin embargo, para el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), aunque coincide que la regulación relega “a un papel secundario” a los agentes sociales en la gestión del fondo —algo que niegan desde el Gobierno— critica la falta de garantías que ofrecerá el Estado a los beneficiarios y partícipes de los fondos.