Con 41 años recién cumplidos y en el 41º aniversario del golpe de  Estado del 23-F oficializó el hasta ahora presidente del PP, Pablo Casado, su renuncia a seguir ejerciendo de jefe de la oposición ante el pleno del Congreso. Su número dos, el murciano Teodoro García Egea ni siquiera ofreció su consabido batiburrillo contra la vicepresidenta social Yolanda Díaz. Sumido en la decepción, optó por no acudir al pleno. Había gran expectación por ver la cara de Casado después de perder el pulso con su contrincante interna y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusada de nepotismo y corrupción desde la dirección nacional del PP por favorecer a sus familiares en primer grado y amigos personales con avales fallidos, contratos a dedo y comisiones o mordidas a costa del dinero público, antes y durante la pandemia del coronavirus. Y Casado apareció unos minutos antes de las nueve de la mañana, ocupó su escaño, se quitó la mascarilla azul celeste y aprovechó los tres minutos de su pregunta al jefe del Gobierno para pronunciar su testamento político.

Algunos le llaman “canto del cisne”, otros “despedida” y la mayoría “fracaso”. Un fracaso elaborado con mucho valor. Casado, Egea y José Luis Martínez-Almedia, alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, entraron a por lana en la corte lanar de Ayuso y salieron trasquilados. Si el espionaje y la corrupción no fueran asuntos serios cualquiera pensaría que estamos ante una historieta de Francisco Ibáñez y sus imperecederos Mortadelo y Filemón. Pero solo había que ver las caras serias (con mascarillas) de sus señorías “populares” y la atención, sin pestañear, del presidente Pedro Sánchez y sus ministras y ministros para comprender el trance del líder que tira la toalla. Eso no quita para que algunas palabras del palentino, diputado desde los 29 años, provocaran cierta perplejidad. “Le reitero –le espetó a Sánchez– lo que le dije en la investidura: ensanchar la centralidad para que tanto el PP como el PSOE pudiéramos ganar sin necesidad de pactos con los que no creen en España ni de alianzas con los que atentaron contra ella”.

Más allá de esa cínica añoranza del bipartidismo y de la “conquista de la libertad y la prosperidad”, que atribuyó a su partido, también resultó chocante su admonición: “Espero que el Gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles”. Enmarcó su dimisión, sin pronunciar tal palabra, entre el final de una terrible pandemia y el inicio de una crisis internacional. Y concluyó con esta confesión de sus principios: “Entiendo la política desde la defensa de los más nobles valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y debemos construir juntos”.

En su respuesta, el presidente Sánchez  evitó hacer leña del árbol caído. “Le deseo lo mejor desde el punto de vista personal”, le dijo antes de recordar que en estos dos años “la oposición se ha instalado en la negación constante, incluso poniendo en tela de juicio la legitimidad del Gobierno” y de reiterar los objetivos de estabilidad y recuperación económica. “No vamos a adelantar las elecciones”, remachó. Solo la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en avanzado estado de gestación, se sumó al deseo de Sánchez de que le vaya bonito. El líder caído escuchó los cordiales aplausos (menos los de la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, que no aplaudió), saludó a su bancada con el entrecejo, se sentó e, instantes después, abandonó el hemiciclo.

El pleno prosiguió con las preguntas de Arrimadas y de la catalana Mirian Nogueras al presidente Sánchez, quien, en respuesta a la primera destacó las decisiones del último Consejo de Ministros de elevar a mil euros el salario mínimo y la extensión de las becas a 850.000 estudiantes. El presidente pidió a la segunda la misma consideración hacia todas las personas, sean catalanes o de otras nacionalidades y regiones. A falta de Egea, correspondió al cántabro (exalcalde de Camargo) Diego Movellán interpelar a la vicepresidenta Díaz, contra la que la ultraderecha trata de agitar a los agricultores con el argumento de que la reforma laboral perjudica la contratación de temporeros. En realidad, lo que perjudica a los malos patrones agrícolas es la inspección laboral, pues, según la ministra, las inspecciones realizadas el año pasado afectaron a 61.000 jornaleros, de los que 40.000 sufrían irregularidades en la contratación. Ergo, algo se está haciendo bien.