Los sindicatos han urgido al Gobierno a abrir de inmediato la puerta a la prestación por desempleo a las empleadas del hogar. La petición llega el mismo día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) haya sentenciado que la ley española sobre protección por desempleo es “contraria al Derecho de la Unión”, y constituye una discriminación indirecta por razón de sexo de este colectivo compuesto en un 95% por mujeres.

La sentencia del TJUE puede acelerar el acceso a la prestación del colectivo de empleadas del hogar. Un proceso que parte de Vigo, cuando una empleada del hogar presentó un recurso después de que la Seguridad le denegara la posibilidad de cotizar por desempleo.

Ahora, después de que el juez de Vigo consultara al tribunal de Luxemburgo, los sindicatos creen que esta sentencia puede acelerar el acceso a la prestación de este colectivo. Un compromiso que contrajo el Gobierno español en 2011 y que los sucesivos Ejecutivos vienen incumpliendo desde entonces, temerosos de que se dispare el fraude.

Una empleada de hogar libra una batalla judicial

En 2019 una empleada del hogar inició una pelea que hoy ha terminado en la sentencia del TJUE después de que la Seguridad Social le negara la posibilidad de cotizar por desempleo, como deseaba. Tras la negativa, amparada en la ley de Seguridad Social, que excluye expresamente esta posibilidad, la empleada presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo, que elevó la cuestión hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El juez español quería saber si la negativa de la Tesorería de la Seguridad Social, contenida en la ley española de Seguridad Social, constituía un caso de discriminación indirecta por razón de sexo, habida cuenta de que un 95% de los trabajadores inscritos en el sistema especial son mujeres.

La consulta se dirigió al Tribunal de Justicia Europeo, que ha sentenciado hoy que la normativa española es incompatible con la norma europea sobre igualdad en esta materia, y constituye una discriminación indirecta por razón de sexo del colectivo de mujeres, al excluir a este colectivo de la protección por desempleo.

Aunque la sentencia europea no se impone a los tribunales españoles, sí proporciona en cambio, “indicaciones” al juez de Vigo para actuar, afirma el TJUE.

Riesgo de fraude en hogares empleadores

El TJUE desacredita las alegaciones del Gobierno español que trataron de justificar la negativa a cotizar por desempleo a estas trabajadoras en la razón de evitar el riesgo de fraude, teniendo en cuenta que sus empleadores son hogares, y no empresarios profesionales, lo que podría desatar dicho fraude en el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.

El Gobierno español también alegó que la denegación del acceso a la prestación por desempleo trata de mantener la tasa de empleo en el sector.

Sin embargo, el tribunal europeo reprocha a la Seguridad Social española la situación de otros colectivos parecidos, donde también los hogares son los empleadores, pero sí gozan de esta protección; a pesar de que allí existe un riesgo similar de fraude, argumenta el tribunal.

Para el TJUE, la normativa española no parece la forma más adecuada de alcanzar esos objetivos, puesto que no se aplican de manera coherente y sistemática a la luz de tales objetivos.

El Gobierno, abierto a la reforma

Tras conocer la sentencia, el Gobierno español ha señalado que su contenido abunda en la línea en la que venía trabajando el Ejecutivo, que ya incluyó en su plan anual normativo una reforma del texto refundido de la ley general de la Seguridad Social a fin de incorporar la prestación por desempleo para este colectivo.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han mostrado su satisfacción por la sentencia, y han urgido al Gobierno a abordar cuanto antes el asunto, a fin de conceder de forma inmediata el derecho a la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar, tras la reforma de la ley.

Las organizaciones sindicales reclaman también acelerar los trámites para la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afecta a este colectivo.

Según CCOO los sucesivos Gobiernos se vienen negando a ratificar este convenio de la OIT precisamente porque su ratificación abriría la puerta a la prestación al colectivo.

Sin embargo, el Gobierno ha dicho hoy que la ratificación se encuentra a la espera del informe del Consejo de Estado, y que se llevará a las Cortes una vez que el Consejo de Ministros lo apruebe, tras recibir el preceptivo informe.