La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mostrado su «satisfacción» por la aprobación en el Congreso de los Diputados, del proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que da un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la ley, para poner fin a la exclusión financiera de los mayores.

Para la Plataforma, con esta ley se da un «importante paso adelante» para proteger adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y garantizar un servicio de «banca física» que sea considerado «esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital».

Esa demanda queda reflejada en la nueva ley con la incorporación de dos disposiciones adicionales. En una de ellas se insta al gobierno a promover «en el plazo de tres meses a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital'».