En enero el número de solicitudes presentadas por los deudores para la moratoria  legal que estableció la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para los créditos y préstamos, con y sin garantía hipotecaria, concedidos a particulares y empresas afectados por la erupción volcánica de la Cumbre Vieja en la isla de La Palma, aumentaron en 104 (3,4 %).

Las solicitudes concedidas se incrementaron en 113 (5,5 %) y el importe del saldo vivo de los préstamos cuyo pago se suspende creció en 3,5 millones (4,3 %) respecto al dato acumulado a fin del mes anterior.

El Banco de España destaca que en el primer mes de 2022 se ha registrado una reducción en el ritmo de crecimiento de estas tres magnitudes respecto a
los primeros meses de despliegue de las medidas, en los que se acumularon el mayor
número de solicitudes.

Las solicitudes de moratoria recibidas por las entidades hasta el 31 de enero se
situaron en 3.132, de las cuales se habían concedido 2.152 y 944 estaban siendo
tramitadas por las entidades. El número de solicitudes denegadas se mantuvo
inalterado en 36 solicitudes.

Las solicitudes recibidas correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria
siguieron representando en torno al 30 %.

Por importes, el saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos
suspendidos ascendió a 85,1 millones de euros, de los cuales el 64 %
correspondían a operaciones hipotecarias.

El saldo vivo medio pendiente de amortización de los préstamos suspendidos era
de, en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria, 100,2 miles de euros y,
en el caso de los préstamos sin garantía hipotecaria, 18,7 miles de euros.

El número total de beneficiarios de la moratoria fue de 3.124, de los cuales 2.643
eran deudores y 481 avalistas. En línea con los datos de meses anteriores, el 64 %
de los deudores beneficiarios correspondía a asalariados, mientras que, en relación
a los avalistas beneficiarios, el porcentaje de asalariados se situaba en el 53 %.

Respecto a la actividad empresarial (autónomos y empresas), el mayor peso por
ramas de actividad de los principales beneficiarios continuaba correspondiendo a
los sectores de comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y hostelería.
Conjuntamente, estas ramas representan cerca del 60 % del total de las moratorias
concedidas.