Jesús Fernando Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo (BCE) que se encargó entre otras cuestiones de verificar la clasificación contable del Banco Popular, declara al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que gran parte de las deficiencias de la entidad se debían a una debilidad de los controles internos de tratamiento de riesgos.

Explica que esa debilidad no aparece en el informe sobre riesgo de crédito que elaboraron en 2016, porque el equipo encargado de la revisión no contaba con los medios adecuados para tratar esa cuestión con la minuciosidad requerida.

Después de que Usano asegurase que al banco le faltaban cantidades importantes en provisiones, el juez le ha recordado que en la carta que enviaron al Popular después de la inspección para que regularizase y corrigiese las deficiencias solo se incluían unas recomendaciones y no un requerimiento.

El inspector se ha desmarcado  de la decisión, que atribuye a la dirección general del BCE encargada.

Admite que el análisis del riesgo de crédito se basa en una muestra «opinática», que no era aleatoria ni proporcional, sino que buscaban préstamos que pudieran ser «sospechosos».

Lo que hicieron fue recopilar 100 préstamos que tuvieran una parte refinanciada o aquellos que considerasen que podían dar problemas. Tras reconocer que la búsqueda se realizó con un sesgo, Usano precisa que eso es lo que hizo que señalase que sus conclusiones no eran extrapolables cuantitativamente al resto de la cartera del Popular.

Sobre la ampliación de capital de 2016 realizada por el Popular, declara no estar al tanto de la operación y que se enteró por la prensa.

Su declaración, que se ha extendido por espacio de más de 3 horas, continuará este viernes 4 de marzo a partir de las 09.00 horas. Previsiblemente, se seguirá profundizando en el informe de 2016 y en el realizado en 2018.