El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; y el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, durante la jornada.
Marta Fernández / Europa Press

La emergencia de la situación provocada por la guerra en Ucrania aconseja actuar de inmediato. Empresarios y trabajadores se han citado el próximo miércoles a fin de comenzar a fijar el rumbo de los salarios. Una negociación urgente que aplazará otros asuntos, como el aterrizaje de la reforma laboral en las empresas, el desarrollo de la contratación indefinida y de las nuevas normas sobre el teletrabajo o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para centrarse en los salarios, y, según desean los sindicatos, los beneficios empresariales.

Con una inflación en el 7,4%, el ritmo más alto en más de tres décadas, los empresarios y los sindicatos sopesan la posibilidad de centrar en los salarios el nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Y dejar para más adelante esos asuntos capitales, como el desarrollo de la estabilidad en el empleo fomentada por la nueva reforma laboral, los nuevos ERTE contenidos en esta, u otros asuntos recién regulados, como el teletrabajo, los planes de igualdad o la desconexión digital.

Un pacto de urgencia aceptado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), cuyo líder, Unai Sordo, confirmó ayer la conformidad de su sindicato en centrarse en los salarios, y aplazar para una segunda fase, inmediatamente posterior, cómo lograr que la negociación colectiva facilite el desarrollo de la lista de asuntos recién legislados, con la contratación indefinida y los nuevos límites a la contratación temporal.

Sin embargo, ambos sindicatos, UGT y CCOO, siguen insistiendo en algunas de sus líneas rojas. Ambos han dado pruebas de que se avendrían a atrasar los incrementos salariales hasta el final de un ciclo de dos o tres años. Siempre y cuando al final de este período se activen unas cláusulas de revisión salarial que eviten la pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores.

Además, según Sordo, los sindicatos necesitan pruebas de que el pacto de rentas propuesto por el Gobierno suponga la moderación no solo de los salarios sino también de los beneficios y dividendos empresariales a lo largo de este ciclo.

El Gobierno apremia un acuerdo

Una condición que el Gobierno explorará el próximo lunes en una reunión programada con los empresarios y los sindicatos, a fin de promover la rápida firma de este acuerdo que guíe la negociación de miles de convenios colectivos.

Tras esa reunión, los empresarios y los trabajadores se reunirán el próximo miércoles, 9 de marzo, por la tarde, después que ayer jueves, intercambiaran, en la primera reunión, sus impresiones sobre la cuestión salarial, sin incluir ninguna cifra, desveló la negociadora de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Sordo admitió ayer que “no es muy realista” reclamar en este momento aumentos salariales de un 6%, un 7% o un 8%; en línea con la inflación. Sin embargo, el sindicalista condicionó la firma de un acuerdo; por un lado, a que los empresarios acepten también moderar sus márgenes, y eviten así en buena parte trasladar a los precios el incremento de los costes azuzado por la inflación; y por otro, a que, al final del ciclo —dos o tres años, por lo común— se compense a los trabajadores con cláusulas de revisión salarial la pérdida de poder adquisitivo sufrida.

Por otro lado, Sordo exigirá al Gobierno que prolongue las medidas de emergencia ante la crisis sanitaria, como las bajadas de impuestos a la electricidad, las ayudas del bono social y térmico, y medidas de nueva creación, como un nuevo sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, o la creación de un mínimo exento de pago en la electricidad de los hogares más vulnerables.

Aplazamiento de otros asuntos

La firma de un acuerdo salarial de emergencia significaría aplazar asuntos contenidos en la reciente reforma laboral, ya vigente; y otras medidas, recién reguladas, cuyo desarrollo requiere del impulso de los negociadores de convenios colectivos, y de una guía previa sobre cómo hacerlo.

Estos asuntos que se aplazarían para una segunda fase de la negociación, a partir de abril, serían el impulso a la contratación indefinida o los nuevos ERTE, ambos previstos en la reforma laboral; así como otros temas ya regulados, como el teletrabajo, la desconexión digital, o los planes de igualdad.