El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la instrucción del ‘caso Popular’, ha acordado  la creación de una pieza separada y secreta para investigar la posible financiación del banco a determinados clientes para que participaran en la ampliación de capital del año 2016.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 declara el secreto de esta nueva pieza por espacio de un mes y justifica su decisión asegurando que, de ser conocido el contenido de las pesquisas, la investigación «podría quedar» comprometida. De esta forma, se asegura que no haya «interferencias que afectaran negativamente al buen fin» de la misma.

Calama asegura que la creación de la pieza se produce por «el devenir de la presente instrucción», en la que «se ha abierto una línea de investigación relacionada con la posible financiación ofertada por el Banco Popular a ciertos clientes a fin de que participaran en la ampliación de capital ofertada por la entidad en el año 2016». «Con carácter interino, podemos afirmar que las cantidades financiadas no se restaban del capital del Banco Popular», sostiene.

Esta decisión llega después de que los peritos de la Audiencia Nacional le entregasen el  9 de febrero un informe en el que validaban el trabajo que el departamento de Auditoría Interna del extinto banco realizó acerca de la ampliación de capital de ese año y que muestra que hubo clientes que «suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta».

«Tras el trabajo realizado, llegamos a totalizar que 14.229 clientes recibieron financiación en el periodo por 2.366 millones de euros y suscribieron acciones por 702 millones. No obstante, esta cifra de 702 millones no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al hecho relevante de 3 de abril 2017», señalaba el informe.

Los peritos explicaban que esos 702 millones son «la simple agregación del importe de acciones suscritas por clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si ésta era de importe igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si la misma se destinó a otras finalidades».

De esta forma el juez se da un mes para «cerrar la investigación» y «sin perjuicio de que tales medidas y su resultado puedan ser conocidas posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida tal efectividad el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna».