Empresarios y sindicatos recelan del poder de fuego del Ejecutivo para contener una espiral inflacionista a través de un pacto de rentas. Los patronos se oponen a contener los beneficios empresariales o el reparto de dividendos. Mientras los sindicatos dudan de que España tenga en realidad herramientas para cambiar el sistema de fijación de precios de la luz, después de las negativas al respecto de Bruselas.

Estos recelos fueron puestos hoy negro sobre blanco por Unai Sordo. El líder sindical, que ayer acudió a la reunión de alto nivel en La Moncloa donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promovió la firma de este pacto de rentas, dudó de que el Gobierno tenga en realidad poder para modificar el funcionamiento del mercado eléctrico en España y su sistema de fijación de precios, que calificó de “disparate”.

Además, Sordo pidió al Ejecutivo mayor concreción respecto a las materias que incluirá ese posible pacto entre el Gobierno, por un lado; y los empresarios y los sindicatos, por otro.

“La cuestión es identificar de qué estamos hablando; es decir, si hay una capacidad real desde Europa y desde España, por ejemplo, de modificar cómo se calculan los precios energéticos en nuestro país”, afirmó el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) este martes en Radio Nacional.

El Ejecutivo desea promover un pacto de rentas que modere por un lado los salarios, y además, según afirma, los beneficios empresariales. Un acuerdo que “reparta la carga” entre empresas y asalariados. Y corte de raíz una posible espiral inflacionista, espoleada por la alta inflación y el conflicto en Ucrania.

Según los sindicatos, el Gobierno ofreció ayer aumentar la protección social, con ayudas a las familias más vulnerables para afrontar el encarecimiento de la luz, y otras medidas, aún por concretar de orden fiscal.

CEOE rechaza “más intervención del Estado”

Sin embargo, los recelos de los sindicatos ante el pacto de rentas alentado por Sánchez no son los únicos. Desde el otro lado de la mesa los empresarios también desconfían, por distintas razones, de la capacidad del Estado para auxiliar a las empresas, sin que esto suponga un mayor intervencionismo del Estado.

Así lo advirtió ayer el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, quien, tras escuchar la oferta de Sánchez, trazó sus propias líneas rojas, advirtiendo que su organización, CEOE, no aceptará “más intervención del Estado” en asuntos como el reparto de dividendos entre los accionistas de las empresas o el control de los beneficios empresariales.

“No estaríamos de acuerdo”, resaltó Garamendi, quien se opone además sin ambages a las subidas de impuestos que propugnan los sindicatos a fin de hacer frente a los efectos de la crisis con una mayor provisión de fondos por parte del Estado.

Una advertencia que además hallará a buen seguro aliados en el Gobierno, particularmente de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, poco amiga de estas injerencias del Estado en los asuntos de las empresas.

Un corsé que esta vez impedirá el apoyo de los sindicatos, como se encargó de recordar hoy mismo el líder de CCOO, Unai Sordo, quien reiteró que el Ejecutivo deberá incluir alguna de estas medidas que rechaza la patronal si quieren su firma al pie de documento.

“Un pacto de rentas requiere de un acuerdo salarial. Pero un acuerdo salarial, por sí solo, no determina un pacto de rentas”, recalcó, pidiendo explícitamente hablar de “contención de beneficios empresariales”, protección a colectivos vulnerables y “ver cómo se afronta el incremento de precios energéticos”.

Paralelamente los empresarios y los sindicatos continúan con la negociación de su acuerdo salarial bipartito. Un nuevo Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) que deberá fijar el rumbo de los salarios para los próximos tres años. Y alejar la conflictividad de las empresas ante la inflación desbocada.

Los sindicatos exigen la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los salarios, aunque al final del período de validez del acuerdo. A cambio renuncian a trasladar a la negociación la exigencia de igualar el salarial a la inflación actual, que marcó el pasado febrero un 7,4% anual, un récord en más de 30 años.