Nadie dudaba de que las sanciones económicas al plutócrata Putin tras la invasión de Ucrania iban a tener un efecto espejo. Lo estamos viendo. “Pero el coste de no reaccionar sería mucho mayor”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control parlamentario del miércoles, 9 de marzo, décimo cuarto día de la guerra. ¿Qué va a hacer el Gobierno para que el precio de la energía, los insumos y las materias primas no asfixie a las familias? ¿Van a pagar los trabajadores esta crisis, una vez más?, le cuestionó Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu.

Sánchez respondió anunciando “un plan abierto y dinámico”, es decir, abierto a las aportaciones de los partidos políticos, la patronal y los sindicatos. Y dinámico, en función de la inestabilidad provocada por la guerra del plutócrata del Kremlin. Un plan, añadió el jefe del Gobierno, centrado en proteger a las personas más vulnerables, la industria, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Además del “compromiso firme” de proteger a los sectores golpeados directamente por la carestía del gas y el petróleo, Sánchez reiteró la evidencia de que el sanguinario Putin ha intentado hacer rehén a la Unión Europea de su chantaje energético. “Putin venía preparando la guerra hace más de un año”, afirmó. Pero le ha salido mal la jugada porque ha prevalecido la unidad y la dureza de las sanciones económicas. Ahora Bruselas se apresta a actuar contra el alza del precio del gas y a diversificar la provisión de petróleo.

En ese sentido, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se felicitó de los planes de la Comisión, en línea con la propuesta española de desvincular el precio del gas de la generación de electricidad para reducir las tarifas eléctricas. Como señaló Aizpirua, es muy injusto (y usurario), que la producción de energía cueste 50 euros el megawatio y lo vendan a 700 euros. La UE también empieza a asumir la propuesta del Ejecutivo español de establecer un sistema de compra centralizada de gas y petróleo. El plan de los 27 países miembros busca aumentar la autonomía energética.

En respuesta a Jaime de Olano, del PP, Calviño cifró entre 10.000 y 12.000 millones de euros el coste para el Estado de la bajada de impuestos a la electricidad, pero admitió que la medida es “insuficiente”. No se pronunció sobre las peticiones que Olano y su jefa de filas, Concepción Gamarra, de “ajustar los tramos del IRPF” para evitar la pérdida de capacidad de compra que provoca el aumento de la inflación.

Por cierto que Gamarra no se privó de acusar a Sánchez de “utilizar la guerra” para justificar una política negativa para España. Le pidió que baje los impuestos y eche a Unidas Podemos del Gobierno. El presidente solo respondió: “¿Que estoy utilizando la guerra para qué…?” El ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros repicó la afirmación de Gamarra contra la vicepresidenta económica. Por si fuera poco, el portavoz vóxido dijo que “la carestía y la pobreza es mayor ahora que después de la Guerra Civil”. Y exhibió un gráfico, como si las personas de más edad hubieran olvidado la famosa frase: “No hay estadísticas”, tan repetida en el franquismo.

Calviño apostó por reforzar la autonomía energética de España acelerando la transición energética hacia fuentes de producción limpias, renovables y seguras, sobre todo los aerogeneradores y las placas solares. España carece de gas y petróleo pero es rica en sol y viento. Y la vicepresidenta se alegró de que, por una vez, la extrema derecha admita la evidencia. Tanto ella como su jefe Sánchez volvieron a pedir lealtad y responsabilidad a la oposición de derechas. Aunque turris burris lo que pidan. Ya preparan movilizaciones en las calles.