El presidente del Gobierno convocó a sindicatos y patronal para intentar llevar a cabo lo que había planteado en el sanedrín de su partido, un pacto de rentas que salga al paso de los estragos económicos que sucesivamente han provocado la pandemia de Covid 19 y la invasión rusa de Ucrania. El momento es oportuno y las circunstancias de una evidente gravedad lo aconsejaban. Sin embargo, el resultado de la primera reunión no ha podido ser más frío y decepcionante. ¿Por qué?

Sinceramente, creo que el Gobierno ha pecado de reduccionismo al invocar un pacto de rentas y no proponer algo más amplio que genere expectativas en los agentes sociales ya que, hablar sólo de rentas, es hablar solo de recortes de salarios y de beneficios empresariales. En ningún lugar el Ejecutivo, que yo sepa, ha planteado dar una prioridad política a la solución de los problemas económicos. (Algo que sí hicieron los Pactos de la Moncloa, con un gobierno de Adolfo Suárez y en el Plan 1983-1986 con Felipe González y especialmente Miguel Boyer). A lo sumo, el Gobierno ha aludido vagamente a otras cuestiones que ni siquiera explicitó.

La propuesta presidencial puso en bandeja la respuesta escéptica de los sindicatos y de las patronales, que al unísono, pero por muy distintas razones, lo rechazaron. Para hablar solo de rentas, negociamos nosotros  que es nuestro trabajo, argumentan los dos lados.

Los sindicatos, en su línea, no comparten el concepto de limitaciones salariales e insisten en su talismán de la recuperación del poder adquisitivo. Nada nuevo bajo el sol. Por otro lado, con la última reforma laboral han recuperado la ultraactividad de los convenios y la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, que les vienen al pelo en situaciones críticas como la presente. Ya no necesitan al primo de Zumosol (el Gobierno) que les ha dado todo el arsenal que necesitan para la confrontación.

Ahora va a saber Sánchez en el lío que le metió su vicepresidenta Díaz. Arrancar ahora un convenio en plena zozobra coyuntural, por la buenas o por las malas, puede llevar a años de perpetuación de sus efectos. Y de eso es de lo que quieren hablar las organizaciones sindicales privilegiadas, de prolongar el proceso de recuperación del poder adquisitivo por años, limitando, con ello la eficacia de otras medidas antiinflacionistas que ni siquiera el Gobierno puede adoptar más que como vicario del BCE.

Por parte de la patronal, la sospecha que suscita la propuesta de Sánchez se fundamenta en que, de no aceptar un recorte de los beneficios empresariales, aquí sí el Gobierno tiene un arma poderosa, la palanca fiscal. Por tanto, mejor pelearse con sus trabajadores que verse envuelto en una nueva vuelta de tuerca impositiva si el Gobierno está por medio.

Muchos pueden creer que está bien el planteamiento de los agentes sociales, que sean ellos los que protagonicen un acuerdo. En circunstancias normales, así sería. Pero no estamos en esa situación y por ello hay que refrescar un poco la memoria de todos, incluidos la propia patronal y los sindicatos. No se puede equiparar un recorte de salarios con un recorte de beneficios.

Los salarios suponen entre un 65 y un 75 por ciento de los costes de producción de las empresas, por lo que los posibles beneficios están ya mediatizados por estos costes. En una economía abierta a la competencia, la subida salarial, con frecuencia viene con mengua de beneficios bajo el brazo. Por otro lado, los excedentes empresariales se aplican, en primer lugar a reducir el volumen de endeudamiento y después al aumento de las inversiones en capital fijo y más tarde a la creación de empleo (Miguel Boyer). Resumiendo, el incremento de las rentas salariales tira directamente hacia la inflación y los beneficios empresariales, solo en la parte de retribución al capital, contribuyen matizadamente al incremento de los precios.

En escasa media centuria hemos acumulado en España varias experiencias que convendría tener en la memoria.