El expresidente del Banco Popular Ángel Ron envía un documento de 38 páginas al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, instructor de la causa sobre la quiebra de la entidad, en el que asegura que durante el tiempo que estuvo al mando se acataron «siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo». También deja claro que las cuentas anuales publicadas antes de la ampliación de capital de 2016 «expresaron la imagen fiel» del banco.

Recuerda que la ampliación «dispuso de todos los informes favorables», y asegura que la financiación de acciones «además de ser legal para un banco, no impacta negativamente en el patrimonio neto contable ni en la cuenta de resultados de la entidad».

Sobre la «supuesta sobrevaloración de las tasaciones vinculadas a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector y el consiguiente déficit de provisiones», Ron señala que esas mismas valoraciones «fueron revisadas por el supervisor en 2014 y posteriormente se realizó un ejercicio de actualización de las mismas».

También se refiere a un informe de los peritos del Banco de España de 2019 que señala que, en diciembre de 2016, el patrimonio neto del Banco Popular era de cerca de 11.000 millones€, gozando de una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones.

«Además de solvente, era viable y adicionalmente había una serie de medidas al alcance de los gestores, las más relevantes previstas por el equipo gestor anterior, para que si determinadas circunstancias sobrevenidas no previsibles, ni anticipables, pudiesen afectar a la marcha de los Planes de Negocio, el banco pudiese hacer frente a las mismas, preservando la solvencia», apunta en su escrito.

Ron insiste en que la causa de la resolución de la entidad «no fue un problema de solvencia del banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que
provocaron una fuga masiva de depósitos».

Diligencias

En su escrito, además, Ron solicita al juez una serie de diligencias dirigidas a demostrar que el 18 de mayo de 2017 el Popular no presentaba problemas de solvencia ni de riesgo de iliquidez.

Para ello, «es necesario disponer de cuantas comunicaciones internas se produjeron entre todos los implicados, incluidos los profesionales» del despacho de abogados Uría Menéndez, que se dedicó a asesorar al bamco a partir de ese año.

Eso permitirá «explicar por qué se llegó a la situación de declarar la inviabilidad del banco y si se informó adecuadamente a los consejeros del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados» en el último consejo de administración, celebrado el 7 de junio de 2017.

En primer lugar, Ron solicita que se recopilen las actas de manifestaciones de cinco consejeros expresando «su parecer» sobre la reunión de ese día, para determinar «qué creyeron votar y si la decisión adoptada fue suficientemente informada».

Ron sugiere la posibilidad de que no se plantease a los consejeros que acordaron la inviabilidad del banco el escenario de la resolución, «que sin embargo ya se llevaba preparando en los días previos y que se decretó al día siguiente del consejo».

«Algunos consejeros han manifestado que en este último Consejo no se proporcionó información suficiente para poder decidir responsablemente sobre la cuestión debatida y el alcance del acuerdo adoptado», argumenta.

Ron solicita al juez que se identifique por parte del despacho Uría y Menéndez a los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo que asesoró al banco desde el 17 de febrero hasta el 7 de junio de 2017; que se aporten «todas las comunicaciones internas habidas entre el despacho y gestores o directivos de Banco Popular durante el periodo de asesoramiento, y en particular las que tuvieron lugar desde el Consejo del 18 de mayo de 2017 y todas las que se mantuvieron para preparar el Consejo de Administración de 7 de junio de 2017».