Lentamente los negociadores del alza salarial van decantado sus posiciones. Hoy, UGT, tras conocer los datos del IPC, el índice de precios que revela un alza del 7,6% en el último año — dos décimas por encima del dato avanzado y 5,4 puntos sobre la subida media salarial de febrero —, abogó por un pacto salarial que contemple la “realidad de las distintas empresas”, y marque el rumbo de los salarios para los próximos dos o tres años, incluyendo, eso sí, en “todos los convenios” cláusulas de revisión salarial que protejan los salarios de la acción de desgaste de la inflación.

UGT abrió la rendija a que el acuerdo salarial por el empleo y la negociación colectiva (AENC) que el sindicato negocia actualmente, junto a CCOO, con los empresarios, se adecúe a la “realidad productiva de las distintas empresas”.

Un matiz que ofrece pistas sobre lo que se negocia en la mesa bipartita que reúne, de un lado a la empresarial CEOE junto a Cepyme, y de otro, a Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). El próximo martes volverán a reunirse los agentes sociales, empeñados en fijar una ruta que guíe el alza salarial en los próximos años en un contexto de precios disparados, catapultados aún más por la guerra en Ucrania.

El pasado miércoles la última reunión apenas ofreció avances concretos. Las partes se resisten a poner sobre la mesa cifras concretas a una subida de sueldos que los patronos quieren parca, para no espolear el fenómeno inflacionario; y los sindicatos, generosa, para evitar dejar en agua de borrajas las subidas pactadas en convenio por efecto de la inflación.

El camino se prevé difícil. Y más cuando la inflación disparada, con un crecimiento del 80% de los precios de la electricidad y del 52% de los combustibles líquidos en el último año, según recoge el INE, y el conflicto bélico en Ucrania espolean a los negociadores a firmar un pacto, que ahorre a las empresas una guerra de trincheras en el proceso de firma de cada convenio colectivo.

Eso es lo que está en juego. Firmar una recomendación que oriente a los negociadores de miles de convenios colectivos. Y que, según ofrecen los sindicatos, modere los salarios en un primer momento, para recuperar después la más que segura pérdida de poder adquisitivo mediante la inclusión de cláusulas de revisión salarial en “todos los convenios” colectivos, según reclamó hoy UGT.

Sin embargo, la inclusión de cláusulas amenaza la viabilidad del acuerdo. Los empresarios no quieren verlas ni en pintura. Creen que son cosa del pasado, que alimentan una espiral inflacionista, con los salarios persiguiendo a los precios, y elevando a su vez estos, en un efecto de segunda ronda, y piden en su lugar anclar el alza salarial a otras variables, como la productividad, o, como se hizo en pasados acuerdos, el barril de Brent, la creación de riqueza en todo el país o la inflación en la Eurozona, donde trabaja la competencia.

Los sindicatos por su parte, no se fían de maridar el alza salarial con los datos de productividad; poco claros, según dicen, y de difícil comprobación para sus negociadores de cada uno de los convenios colectivos de empresa o de sector.

Pero además, un tercer actor, el Gobierno, entra en esta ecuación, que quiere resolverse antes de abril. El Ejecutivo, que no participa en la negociación de los salarios — defendida con uñas y dientes por empresarios y sindicatos, como los únicos responsables en este campo—, deseoso de ayudar a construir un pacto que no alimente la inflación, pone sobre la mesa medidas que ayuden a la población a pasar el trago, hasta que escampe.

Hoy UGT hizo sus peticiones al respecto. Al Gobierno el sindicato — tras conocer el brutal encarecimiento de la energía — el sindicato le pide acciones de emergencia que ayuden a “preservar la calidad de vida” de los trabajadores.

Medidas como reducir el coste de la energía. Reformar el funcionamiento de los mercados. Extender las redes de protección social. Pero también “reformular los mecanismos de distribución”; o sea, subidas “puntuales” de impuestos a “aquellas personas o empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios con la situación actual”.

Situación “muy delicada” para CEOE

Una situación “muy delicada”, según recuerda la patronal, quien, después de conocer el alza de los precios en febrero, destacó que la inflación disparada está reduciendo los beneficios empresariales en un momento en que “muchos” sectores padecían aún el zarpazo de la pandemia, a que hay que sumar ahora los efectos de la guerra en Ucrania.

La patronal prevé que la inflación se mantenga elevada en los próximos meses pero irá remitiendo en intensidad “al final del año”, dijeron.

Además los patronos destacaron que España pierde competitividad por el aumento de precios, mayor en nuestro país que en el resto de la Eurozona, según refleja el Índice de precios de consumo armonizado (IPCA), un 7,6% en España, frente al 5,8% en la eurozona.

“Tras la invasión rusa de Ucrania los precios [del petróleo] llegaron a situarse por encima de 130 dólares/barril, en máximos desde 2008, pero en los últimos días se están suavizando por los compromisos de Rusia y la OPEP de garantizar el suministro acordado”, destacan desde CEOE, que añade que los mercados de futuros apuntan a una “paulatina senda de moderación” del precio del barril.