El Banco Central Europeo (BCE) publica una evaluación actualizada de los avances
logrados por las entidades de crédito europeas en la divulgación de información sobre riesgos climáticos y medioambientales, según lo establecido en la guía de noviembre de 2020, elaborada por la propia institución.

Aunque se han observado mejoras desde que se llevó a cabo la primera evaluación del BCE a finales de 2020, deja muy claro que «ninguna entidad cumple plenamente las expectativas supervisoras».

El BCE recuerda que «la regulación de la divulgación de información sobre riesgos climáticos y medioambientales se volverá más estricta» y que los mercados «esperarán recibir cada vez más información». Por tanto, las entidades de crédito «deben ajustar sus prácticas sin demora».

La evaluación actualizada del BCE incluyó 109 entidades supervisadas directamente por el BCE y se centró, principalmente, en la divulgación de información al máximo nivel de consolidación.

En comparación con 2020, ahora hay más entidades que divulgan información significativa sobre los riesgos climáticos y medioambientales. Por ejemplo, más del 70 % de las entidades explican cómo esos riesgos son supervisados por su órgano de administración, frente a algo más del 50 % en 2020.

Sin embargo, el nivel general de transparencia sigue siendo insuficiente. Aproximadamente el 75% de las entidades no divulgan si los riesgos climáticos y medioambientales tienen un impacto material en su perfil de riesgo, a pesar de que alrededor de la mitad de las que no lo hacen han indicado al BCE que se consideran expuestas a esos riesgos. Y casi el 60% no describen cómo se podría ver afectada su estrategia por el riesgo de transición o el riesgo físico.

En torno al 50 % publica indicadores clave de rendimiento o de riesgo sobre los riesgos climáticos y medioambientales. Solo el 15 % hace públicas las emisiones que se producen a lo largo de toda la cadena de valor de las actividades de negocio, incluidas las de entidades de contrapartida vinculadas a las carteras crediticias.

Además, muchas entidades no fundamentan lo suficiente la información que divulgan sobre sus riesgos climáticos y medioambientales. Por ejemplo, casi el 30 % de las que se han comprometido a ajustar sus exposiciones al Acuerdo de París no facilitan ninguna información para demostrarlo.

Los supervisores también identificaron buenas prácticas que siguen algunas entidades. Por ejemplo, una entidad que aspira a lograr cero emisiones netas en su cartera antes de 2050 publicó varios objetivos intermedios y el progreso realizado para su consecución, así como las metodologías y los escenarios utilizados. Y algunas entidades divulgan cuadros de indicadores sobre el comportamiento de sus carteras crediticias en distintos sectores de transición —como la generación de electricidad, el petróleo y el gas, o el sector de automoción—, utilizando una vía de transición basada en la ciencia.

El BCE ha enviado a las entidades cartas individuales con sus resultados en las que explica sus deficiencias principales y espera que tomen medidas para prepararse para las nuevas exigencias regulatorias, como las normas vinculantes de la Autoridad
Bancaria Europea sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.

El BCE volverá a analizar la información que divulgan las entidades de crédito sobre riesgos climáticos y medioambientales a finales de 2022.