El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: «No legitimaré una nueva farsa».

«El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral», ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.

Torra ha dicho que pide amparo a los tribunales internacionales: «No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales».

Las peticiones de la Fiscalía

El juzgado penal 6 de Barcelona celebrará este jueves a partir de las 9.30 horas el segundo juicio al expresidente de la Generalitat Quim Torra por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Geralitat en septiembre de 2019.

La causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó retirar la pancarta de manera cautelar; dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d’Esquadra que la quitaran.

Una vez expirado el plazo que había fijado el tribunal, y cuando los Mossos ya tenían la orden de retirar la pancarta, dos operarios la quitaron del balcón para, horas más tardes, colgar una segunda con el texto ‘Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos’.

Se trata de la segunda causa contra Torra sobre esta cuestión, ya que en la primera el TSJC lo inhabilitó 18 meses cuando era presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.

Impulso ciudadano

La asociación Impulso Ciudadano, que comparece en el juicio como acusación popular, solicita que se le imponga la pena 108.000 euros de multa, según han explicado en un comunicado.

También piden la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos así como para el ejercicio de funciones de Govern por tiempo de dos años.

Asimismo, en el mismo comunicado, han explicado que la Fiscalía pide 30.000 euros de multa, y un año y ocho meses de inhabilitación especial.