Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, miembro de europeG y presidente del Instituto de Economía de Barcelona, y Luis Garicano, diputado del Parlamento Europeo y doctor en Economía por la Universidad de Chicago.

La segunda jornada del ciclo «Grandes temas a debate, los economistas aportando ideas» del Consejo General de Economistas de España se dedica a la Universidad. Moderada por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, en la sesión han participado Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, miembro de europeG y presidente del Instituto de Economía de Barcelona, y Luis Garicano, diputado del Parlamento Europeo y doctor en Economía por la Universidad de Chicago.

Martí Parellada afirma que “la universidad pública española necesita más recursos y más autonomía en materia de personal y oferta académica; conseguirlo requiere de un nuevo marco legislativo que conjugue, en lo que hace referencia a la gobernanza de las universidades, la legitimidad interna con la externa, y el modelo actual en el que conviven los consejos sociales con el consejo de gobierno  no da respuesta a esta doble legitimidad». «Sería necesario avanzar hacia el modelo que han adoptado la mayoría de países europeos: un único consejo de gobierno con representantes internos de la propia universidad y externos, un claustro de carácter consultivo y un sistema de elección del rector que sintetice la imprescindible doble legitimidad», apunta.

Para Luis Garicano, “la reforma universitaria que propone el Gobierno es cosmética, busca cumplir solo formalmente con el compromiso adquirido con la Comisión Europea, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema universitario español». «Los problemas de la universidad española son una financiación desvinculada de los resultados en investigación y docencia, una gobernanza liderada por rectores que no rinden cuentas a la sociedad civil, una carrera docente endogámica  y que no premia la excelencia, y una burocracia estalinista”, recalca.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, reclama “repensar el actual modelo universitario para lograr mayores estándares de calidad, garantizar su sostenibilidad y hacerlo más competitivo”, ya que “estamos hablando de uno de los elementos esenciales del Estado del bienestar, la educación, y en este caso en concreto de la universitaria, que es un factor fundamental para el desarrollo social y económico de un país”

Mensaje institucional del Consejo General

• 1.- La contribución que realizan las universidades, en la formación de capital humano o en la actividad de investigación y transferencia, determina, de manera muy relevante, el desarrollo económico y social de los países.
• 2.- 1,3 millones de estudiantes de grado, cerca de 240.000 estudiantes de máster, 208.000 titulados de grado y 127.000 de máster; la enseñanza superior representa un 26,6% del total del gasto interno en I+D español; concentra el 46,3% de todos los investigadores, cerca del 60% de publicaciones científicas en España.
• 3.-la actividad productiva propia y asociada a la Universudad representa el 2,12 % del PIB y el 2,56 % del empleo en España; contribuye a aumentar en 1,3 puntos porcentuales la tasa de actividad en España y a reducir la de paro en 0,7 puntos, y a generar unos recursos fiscales que suponen que las universidades españolas devuelven a la sociedad, aproximadamente, 4,3 euros por cada euro que las administraciones destinan a su financiación.4.- Sin embargo, esta importancia del sistema universitario español no parece tener el reconocimiento adecuado por parte de las administraciones públicas, central y autonómicas.
• 5.- en los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas, en el período 2009-2019, los ingresos corrientes aún eran en 2019 un 3,1% inferiores a los del 2009 (a pesar del aumento de las tasas en un 18%), y los ingresos de capital, un 10,8 % inferiores, en términos nominales. El gasto público universitario en el total del presupuesto de las administraciones públicas y su peso relativo en el PIB es inferior a los países de la OCDE.
• 6.-  tampoco ha sido relevante la atención que ha merecido en referencia al marco legal. Después de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983, no ha habido cambios legislativos relevantes: ni la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ni la posterior Ley Orgánica de Modificación de la LOU (LOMLOU), ni mucho menos el conjunto de medidas introducidas como consecuencia del impacto de la crisis de 2008, han dotado a las Universidades de sistemas de gobierno, de niveles de autonomía en materia de financiación y de política de recursos humanos mínimamente comparables a los que gozan las universidades europeas.
• 7.- los desafíos a los que se enfrenta la sociedad española, entre los que destaca el aumento de su competitividad, requiere de una mejor dotación de capital humano y de unos mayores niveles de productividad a los que no son ajenos los niveles de investigación, desarrollo e innovación. Hacer de la Universidad un motor del cambio de la sociedad y economía española es hoy una imperiosa necesidad.
• 8.- Para dotar a la Universidad de este renovado protagonismo en la economía y sociedad española es necesaria una mayor autonomía (que no implica autogestión), entendida como la capacidad de gestión del presupuesto, en la contratación y el establecimiento de las condiciones retributivas de su personal, académica y la selección de los estudiantes, en particular los de máster. Dotar de una mayor financiación a las universidades y, finalmente, establecer un sistema de incentivos que oriente a las universidades a los objetivos establecidos por las mayorías parlamentarias. Lógicamente, la mayor autonomía debe ir acompañada de una mayor evaluación.
• 9.- profundizar en el análisis institucional de los sistemas universitarios europeos que constituyen una referencia también ofrece pistas sobre los itinerarios en que debería desarrollarse la reforma de las universidades españolas.
• 10.- una razón adicional para impulsar la reforma de las universidades es consecuencia del papel cada vez más relevante de la Unión Europea en materia universitaria. A pesar de que es una competencia de los estados miembros, las iniciativas de la UE para impulsar un marco lo más común posible entre las instituciones de enseñanza superior en Europa que reduzca las diferencias que introduce la preeminencia de los marcos regulatorios nacionales es una tarea que, desde la aparición del proceso de Bolonia, no ha hecho más que acentuarse. La Estrategia Europea para las Universidades, que tiene como objetivo crear universidades con personalidad jurídica europea, títulos conjuntos, un carné europeo del estudiante y aumentar el número de alianzas de universidades europeas, supone un desafío para la legislación universitaria española.
• 11.- Hay que recuperar y fortalecer la confianza entre la sociedad y la universidad, y la mejor manera de hacerlo es dotar a las universidades de una doble legitimidad: interna, entre los que son parte sustancial de la universidad, y externa, entre aquellos que la han de dotar de instrumentos y recursos adecuados para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta. Para ello es conveniente modificar su modelo de gobierno, dotar de más autonomía a las universidades en su política de personal, dotar a las universidades de financiación básica para desarrollar su actividad y de una complementaria vinculada a la obtención de objetivos, y hacerlo en un marco de estabilidad. Resulta conveniente establecer mecanismos de evaluación que impulsen la de carácter institucional y no solo la de programas, y que los procedimientos de acreditación y evaluación de la actividad investigadora sean considerados más como méritos que como requisitos para la política de personal de las universidades.
• 12.- Respecto al modelo de gobierno, la manera como se han organizado las universidades –con un consejo social, por un lado; un consejo de gobierno, por otro; y, finalmente, un claustro; y un proceso de elección del rector, que ha de ser catedrático de la propia universidad, y  que en la gran mayoría de los casos se lleva a cabo  mediante el sufragio general ponderado entre estudiantes, personal administrativo y profesorado– no resuelve los problemas de falta de confianza entre la sociedad y la universidad, que se traducen en una insuficiencia endémica de recursos y un marco legislativo con pocas variaciones desde la LRU en 1983.
• 13.- es conveniente avanzar en un modelo de gobernanza constituido por un consejo de gobierno reducido de alrededor 20 miembros con representantes de los estamentos de la universidad: profesores, personal administrativo y estudiantes, y personas representativas de la sociedad que, con un porcentaje similar, formarían el máximo órgano de gobierno de la universidad. El Claustro sería otro órgano de la gobernanza de la universidad que, con un número superior de miembros, estaría formado por representantes elegidos directamente por los distintos estamentos de la universidad, de un tamaño de alrededor 100 miembros y con funciones fundamentalmente consultivas y de carácter académico. Ambos órganos de gobierno tendrían la facultad de nombrar un comité de búsqueda del rector que no necesariamente debería formar parte de la propia universidad, y que, una vez seleccionado, debería ser ratificado por ambos órganos de manera que el candidato elegido pudiese aunar la legitimidad interna y la externa.