El Gobierno continúa pergeñando el Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra, con el cual pretende atajar algunos de los efectos sobre las familias y empresas, causados por el conflicto en Ucrania. Entre estas medidas el Ejecutivo estaría barajando volver a prohibir los despidos objetivos, al igual que se hizo en la fase más dura de la pandemia, según confirman en fuentes del ministerio de Trabajo a la agencia Europa Press.

La prohibición de los despidos objetivos que estudia el Gobierno afecta a los despidos que una empresa puede acometer por causas desde económicas, organizativas, técnicas y de otro tipo. Este despido conlleva una indemnización al trabajador equivalente al salario de 20 días por año de antigüedad en la empresa, con un límite de 12 mensualidades.

Durante la pandemia el Gobierno prohibió el despido objetivo; al menos en la fase más aguda del episodio, cuando las empresas por otro lado, hubieran tenido muy fácil acreditar una disminución de ingresos, que les faculta para realizar estos despidos, que la ley considera procedentes.

“No es el momento de despedir”, ha dicho hoy jueves en el Congreso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, horas antes de que su equipo confirmara que el Ejecutivo estudia recuperar la prohibición.

Otra de las medidas estudiadas por el Ejecutivo dentro de ese Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra es desvincular temporalmente el alza del IPC de las rentas por alquiler de vivienda. Los arrendadores de viviendas tienen derecho a elevar anualmente la renta de alquiler por importe equivalente al alza del Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, el contexto actual, condicionado por la guerra, que ha disparado el precio de la energía, y con ello el de los precios, hasta el 7,4% — una cifra inédita en 30 años — supondría, según ha dicho la ministra, un “empobrecimiento generalizado” si los caseros trasladan el IPC a los inquilinos.

A última hora de la tarde el Gobierno continúa reunido con los transportistas en un encuentro que, desde las 11.30 de la mañana, busca desbloquear el tráfico de mercancías, motivado por un paro patronal que ha vaciado estanterías de supermercados de algunas zonas del país, y paralizado la actividad productiva de muchas empresas.

Por otro lado, el Ejecutivo y el resto de líderes de los Veintisiete buscan en el Consejo Europeo desde hoy y hasta mañana viernes una solución a los problemas que el encarecimiento de los precios de la energía ha causado en toda la Unión Europea (UE).

En España, el Ejecutivo ha recibido duras críticas, entre ellas de la confederación empresarial CEOE, que le acusa de “inacción” a la hora de solventar el conflicto con los transportistas.

El Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra pretende bajar el precio de la electricidad y los carburantes, apoyar a los sectores y empresas afectados, reforzar la estabilidad de los precios y garantizar los suministros.

También pretende afianzar la estabilidad financiera a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), impulsar el Plan de Recuperación frente a los efectos económicos de la pandemia, mejorar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.