La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la ceremonia de entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el 24 de marzo.

La Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia y que estaba vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El 23 de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.

La Fiscalía Europea considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos. Y pide la investigación a Anticorrupción para incluirla en un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, ya que ese contrato se pagó con dinero del Feder.

Anticorrupción no puede negarse a enviar la documentación solicitada, aunque advierte que no hay malversación porque las mascarillas llegaron a su destino. Por lo que no remitirá a la Fiscalía Europea toda la información sobre delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Éstos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una Administración pública española.

Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea, planteando un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano e ironiza con que «solo falta la ONU» por fiscalizarlo. «La Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción», y lo mismo ha manifestado «la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente»; «la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes», y «lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea».

«Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto», declara la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han sostenido que la reclamación que realiza la Fiscalía Europa «es una acción con nula repercusión judicial», que, a su parecer, «no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas».

Sugieren, estas mismas fuentes, que «dicha reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto». «Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales», han sentenciado.