La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2022.

El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe el despido para las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.

La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.

La vicepresidenta seggunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisa que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas. También advierte a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, «no hay que despedir» trabajadores.

«Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir. No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir», argumenta.

Para Díaz, el Plan de Respuesta a la Guerra es una de las normas «con mayor ambición» desplegadas hasta ahora en España. «De esta crisis vamos a salir juntos», lanzando un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía pese al «miedo y las turbulencias» que genera la situación actual.

Ayudas directas para buques y armadores

El Consejo de Ministros también ha aprobado ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del gasóleo. Se enmarcan dentro de las medidas para el sector agrario y pesquero, dotado con más de 430 millones para el sector agrario, de los cuales 68,18 millones se destinarán para la pesca.

Estas ayudas a buques oscilarán entre los 1.550,52€ por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000€ para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

A esas ayudas directas y subvenciones comunitarias se les une la reducción de 20 céntimos durante tres meses en el precio del gasóleo para toda la ciudadanía, que, de acuerdo a los datos de consumo de años anteriores, supondría un impacto positivo de 10 millones en el caso de los pescadores.

El Gobierno ha aprobado la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental, durante un periodo de seis meses, que suman otros 3 millones€.

El sector pesquero y acuícola nacional también dispondrá, tras la activación del artículo 26, solicitada por España,para hacer frente a situaciones de perturbaciones de mercado, como la ocasionada en la actualidad para la guerra, de 50 millones, 30 millones serán para compensar a los pescadores por los costes adicionales ocasionados y los otros 20 millones para la acuicultura.

El sector pesquero, al igual que el agrario -tal y como se recoge en el Real Decreto para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería-, se beneficiará del aplazamiento en el pago de las cuotas de Seguridad Social por tres meses.

Además, los pescadores, como ya quedaba reflejado en el decreto por la sequía, también se beneficiarán de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (ICO-Saeca) con principal bonificado, así como del pago de avales Saeca.

El sector, además, se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto positivo para agricultores, ganaderos y pescadores.

Ayudas al sector agrario