El DOUE de 7 de abril publica la Recomendación del Consejo, de 5 de abril de 2022, sobre la política económica de la zona del euro.

Recomienda que, durante el período 2022-2023, los Estados miembros de la zona del euro adopten medidas, individualmente, incluidas las de aplicación de sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de:

• Seguir utilizando y coordinando las políticas presupuestarias nacionales en todos los Estados miembros para apoyar eficazmente una recuperación sostenible e integradora. Mantener una orientación presupuestaria moderadamente favorable en 2022 en toda la zona del euro, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y la financiación proporcionada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Encauzar gradualmente las medidas fiscales hacia inversiones que promuevan una recuperación sostenible e integradora, coherente con las transiciones ecológica y digital, prestando especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias. Reflejando el nivel de incertidumbre, mantener una política presupuestaria ágil para poder reaccionar a la evolución de la pandemia de COVID-19. Diferenciar las políticas presupuestarias teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, garantizando la sostenibilidad presupuestaria y potenciando las inversiones, sin olvidar la necesidad de reducir las divergencias.

• Promover políticas que aborden la planificación fiscal abusiva, la evasión y la elusión fiscales para garantizar unos sistemas fiscales justos y eficientes. Trabajar para limitar la competencia fiscal perniciosa, en particular, mediante la aplicación de una solución mundial basada en el consenso para hacer frente a los retos fiscales derivados de la digitalización y la globalización de la economía. Reducir la cuña fiscal sobre el trabajo y promover un cambio de la fiscalidad del trabajo hacia impuestos menos distorsionadores. Pasar de las medidas de emergencia a las medidas de recuperación en los mercados laborales garantizando políticas activas eficaces relativas al mercado de trabajo:

• • apoyando las transiciones laborales, en particular hacia una economía ecológica y digital;
  • combinando medidas para hacer frente a la escasez de personal cualificado, reforzando la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, ofreciendo incentivos específicos a la contratación; y
  • mejorando la capacidad de los servicios públicos de empleo para hacer frente a los desajustes del mercado laboral.

Reforzar los sistemas integradores de educación y formación de calidad. Promover la integración en el mercado laboral de la juventud, las mujeres y los grupos vulnerables, garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y abordar la segmentación del mercado laboral, desarrollar y adaptar, cuando sea necesario, sistemas de protección social y reforzar el acceso a ellos para hacer frente a los retos que surjan a raíz de la crisis de la COVID-19 y a los relacionados con las transiciones ecológica y digital. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas, reforzar el diálogo social y promover la negociación colectiva. Garantizar el intercambio de las buenas prácticas que aumenten la resiliencia económica y social, así como la convergencia hacia estas prácticas, en el mercado laboral y las políticas sociales.

• Hacer un seguimiento de la eficacia de los paquetes de apoyo a las empresas, centrarse en un apoyo más específico a la solvencia de las empresas viables que hayan sufrido tensiones durante la crisis de la COVID-19 y hacer un mayor uso de instrumentos de capital. Aumentar la capacidad de los marcos de insolvencia para hacer frente de manera eficaz y oportuna a la quiebra y la reestructuración de la deuda, maximizar la conservación del valor y promover una asignación eficiente del capital en la economía real y las inversiones transfronterizas. Avanzar rápidamente hacia la profundización de la unión de los mercados de capitales, respecto a la cual la Comisión ha presentado propuestas legislativas que se centran en apoyar la financiación de la economía, aumentar las oportunidades de inversión para las empresas y los particulares, y eliminar los obstáculos transfronterizos injustificados a la inversión en el mercado único.

• Seguir reforzando los marcos institucionales nacionales y proseguir las reformas para abordar los obstáculos a la inversión y la reasignación de capital, y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la Unión. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública. Mejorar la gestión de las finanzas públicas, entre otros, a través de la presupuestación ecológica y la mejora de la eficacia de los marcos de gestión de la inversión pública, y hacer uso de las revisiones del gasto para mejorar la composición y la calidad de las finanzas públicas, en particular, la calidad de las inversiones públicas y la inversión en personas y capacidades, y dirigir mejor el gasto público a las necesidades de recuperación y resiliencia.

• Garantizar la estabilidad macrofinanciera y mantener los canales de crédito a la economía, seguir abordando los préstamos dudosos mediante, entre otras medidas, el seguimiento de la calidad de los activos, el compromiso oportuno y proactivo con los deudores en dificultades, en particular, los viables, y continuar desarrollando los mercados secundarios de préstamos dudosos. Seguir trabajando en la culminación de la unión bancaria, mediante un plan de trabajo gradual y sujeto a plazos sobre todos los elementos pendientes necesarios y con el mismo nivel de aspiración, y en el refuerzo del papel internacional del euro. Seguir apoyando los trabajos exploratorios sobre la posible introducción de un euro digital

Otras medidas para la profundización de la UEM deben tener en cuenta las lecciones extraídas de la respuesta global de la UE en materia de política económica a la crisis de la COVID-19. El avance hacia la profundización de la UEM debe realizarse respetando plenamente el mercado interior de la Unión y de una forma abierta y transparente respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.