Así consta en el auto que dictó el juez instructor del caso Palma Arena para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La resolución judicial asevera sin embargo el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es «totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo» y fue fijado «exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno». La Fiscalía apunta, sin embargo, que «la única finalidad perseguida» por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era «contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales».