La inflación continúa desestabilizando el país. Los funcionarios han advertido hoy al Gobierno de que se movilizarán en el caso de que se desoigan sus reivindicaciones salariales. Con una inflación cercana al 10%, los trabajadores públicos temen que el Ejecutivo incluya sus salarios entre la partidas susceptibles de incluirse en la politica de “moderación salarial” que propugna la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Los funcionarios reaccionaron hoy a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez quien en una entrevista en La Vanguardia, vinculó la negociación salarial con los funcionarios con los resultados del pacto salarial que, en otro ámbito, negocian los empresarios y los sindicatos.

De esta forma el sindicato de funcionarios CSIF, que no participa en el pacto con las empresas privadas, recordó al jefe de Gobierno que la negociación con los trabajadores públicos es un ámbito independiente, que ellos deberán negociar, junto a CCOO y UGT, que sí participan en la otra mesa con los empresarios. Y anticipó posibles movilizaciones en caso de que el Ejecutivo caiga en la tentación de convertirlos en “los paganos de esta crisis”, dijo el líder de CSIF Miguel Borra.

CSIF cifra en un 12% la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios producto de la anterior crisis en 2008. Y reclamó una recuperación a medio plazo de ese poder de compra volatilizado.

La advertencia de los funcionarios viene a complicar más el panorama laboral en España, afectada por las reclamaciones salariales disparadas por la alta inflación, y los gastos que supondrá actualizar en 2023 las pensiones, si la inflación persiste.

Negociación bloqueada

En otra mesa, la negociación entre los empresarios de CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT parece bloqueada, debido a la negativa de los patronos a aplicar cláusulas de revisión salarial.

Los empresarios ofrecen una subida salarial del 8% en tres años; repartida entre un 3,5% este 2022; un 2,5% el próximo 2023; y un 2% en 2024. La oferta empresarial apenas cubre la mitad del 7,5% del alza de los precios con que se espera que cierre de media el año 2022.

Además, los empresarios rechazan tajantemente la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los salarios en caso de que los precios superen el alza pactada.

En febrero los salarios subieron de media un 2,36%; muy lejos de la disparada inflación, que en marzo se ha situado en el 9,8%, la mayor tasa en casi cuatro décadas.

Ayer la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confió en que los sindicatos y los empresarios terminen llegando a un acuerdo sobre la base de la “moderación salarial” a fin de evitar efectos de segunda ronda, que alimenten una espiral inflacionista, dentro de esa negociación para la renovación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El problema de las pensiones

Calviño evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que las pensiones queden dentro del perímetro del pacto de rentas que abandera el Gobierno; esto es, limitar la subida de las pensiones este año, descolgándose de la norma que vincula su subida a la inflación media del año anterior, medida de noviembre a noviembre.

En su lugar, Calviño confió en que el Gobierno reciba pronto el pláceme de la Comisión Europea, autorizando la llamada excepción ibérica, con la cual el Ejecutivo trata de controlar el precio de la luz; uno de los principales causantes, junto a los carburantes, del alza general de precios.

Según Calviño, esta excepción ibérica que deja fuera el precio del gas en el cálculo del precio mayorista de la luz podría rebajar a la mitad el recibo de la luz, en función de diversas circunstancias, advirtió.