Las grandes eléctricas, en especial Endesa e Iberdrola, han complicado el logro de los objetivos del Gobierno para modificar el sistema de fijación de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Cuando ha pasado un mes desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancara el compromiso de sus colegas de la UE para que la Península Ibérica pudiese aplicar medidas especiales por su aislamiento de las redes europeas, aún se está esperando la respuesta al plan presentado.

Las citadas empresas se han movido en la capital comunitaria con un argumento de entrada: si no se las escucha en Madrid tenían que encontrar otro foro donde aportar sus posiciones. Y con razones técnicas respecto a las medidas para controlar el impacto del gas.  La posición de las compañías podría no ser determinante al 100% en el veredicto final, pero rema en contra de aspectos como la limitación del precio de las ofertas de las centrales de ciclo combinado en el pool con el fin de contener la escalada de los precios de la electricidad.

Para el Ejecutivo la luz verde a su plan es básica para cumplir sus metas respecto a las cotizaciones y a la contención de la inflación. Para la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, el cambio es muy relevante «para limitar el impacto negativo de los precios del gas, el petróleo y el carbón en los mercados internacionales sobre nuestro mercado mayorista y, por tanto, sobre los ciudadanos españoles». Y es imprescindible «para garantizar que los ciudadanos y las empresas españolas se beneficien de los bajos costes de la electricidad derivados de la importante penetración de las renovables en España y en Portugal», ha manifestado a La Vanguardia.

El plan de los Gobiernos español y portugués consiste, entre otros temas, en poner una cantidad límite para el gas de 30 euros por megavatio-hora, que implicaría un precio de la electricidad de unos 100 euros por megavatio-hora. Pero todo indica que son cifras que no son aceptadas ya que establecería un diferencial muy elevado respecto a los de otros países comunitarios. Como consecuencia podría cuestionar el sistema marginalista que defiende la Comisión Europea

Otras cuestión, además de la fijación de precios diferentes para la electricidad que se exporta, es la repercusión en la industria; Europa no quiere que las empresas españolas tengan unos costes más favorables que sus competidoras. Mientras, por el contrario, las grandes compañías consumidoras de electricidad reiteran el apoyo a las medidas del Gobierno para reducir el precio de la  electricidad, al tiempo que consideran que debe reducirse el poder de mercado de las principales eléctricas.

Precisan que son necesarias medidas contundentes y eficaces para reformar, de forma temporal y excepcional, el mercado marginalista eléctrico, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio. Y que la propuesta que los Gobiernos español y portugués han enviado a la Comisión Europea para topar el precio del gas en la producción de electricidad permitirá reducir notablemente el precios a valores del entorno de los 100 euros/megavatio hora.