La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca, Margarita Isabel Poveda, ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en la que se plantea, por primera vez, que las entidades financieras ejercieron una práctica desleal en la comercialización de hipotecas ligadas al IRPH.

Es la segunda cuestión prejudicial sobre el IRPH que plantea al TUE esta jueza, y ya son cuatro si se suman a las dos cuestiones planteadas por el magistrado Francisco González de Audicana, del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona.

La competencia desleal está prevista en la Directiva europea 2005/29 y llevaría a la nulidad de los intereses abusivos.

La nueva cuestión prejudicial de la magistrada Margarita Poveda explica que la Circular 5/1994 del Banco de España indica que, para igualar la TAE de este índice legal con la del mercado, sería necesario aplicar un diferencial negativo, cuyo valor variaría según las comisiones de la operación y la frecuencia de las cuotas.

Sin embargo, la jueza señala que las entidades han omitido e incumplido de forma generalizada la necesidad de establecer dicho diferencial negativo, por lo que pregunta al TUE si apartarse de ese criterio normativo del Banco de España se opone a los artículos 5 y 7 de la Directiva europea 2005/29/CE sobre competencia desleal.

De ser así, pregunta también al TJUE si la práctica desleal constituye un indicio a la hora de valorar y apreciar el carácter abusivo de cláusula y se opone a los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13.

El procedimiento que ha precipitado esta cuestión está dirigido por el abogado Adrián Rebollo, que sostiene que «el TUE no se ha pronunciado nunca en la dirección que marca la Directiva de competencia desleal» y que el Tribunal Supremo «deberá adaptarse a lo que ocurra en este nuevo asunto que comienza a tramitarse en Europa».

Para Asufin, se abre «una vía totalmente novedosa y esperanzadora para los afectados por este polémico índice».

«La nueva vía da nuevos argumentos a los magistrados del Alto Tribunal europeo que demuestran el desaguisado que se hizo en nuestro país con estas hipotecas y que nuestro Tribunal Supremo no ha dado muestras de querer enmendar en ningún momento», explica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

La asociación calcula que el IRPH afecta a cerca de un millón de familias, el 20% aproximado de hipotecas suscritas en España, que soportan un sobrecoste en sus préstamos cercano a los 200 euros al mes en sus cuotas, lo que lleva a una afectación general media de 25.000 euros por hipoteca.