El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha configurado como un logro del Gobierno progresista de Pedro Sánchez en la lucha contra la pobreza más lacerante. Es verdad que el despliegue de esta medida social que dignifica a España mucho más que la agitación y exhibición de banderas y banderitas ha sido más lento de lo esperado. Según las últimas respuestas parlamentarias por escrito del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a los diputados Genís Boadella, del PDECat, y María Tresesa Angulo, del PP, el primer año de andadura se saldó con la aprobación de 360.000 expedientes para un total de 800.000 beneficiarios del IMV. La flexibilización de las condiciones para tener derecho a la ayuda pública, ya tramitada por el Congreso de los Diputados, ha elevado la cifra de beneficiarios a más de un millón de personas hasta finales de marzo.

Aunque la cifra sigue siendo corta en relación con los indicadores de pobreza severa, ya hay más personas que reciben el IMV que las Rentas Mínimas Autonómicas en todos sus años de existencia. Este hecho permite hacerse una idea del esfuerzo desplegado por un departamento, el de la Seguridad Social, no precisamente sobrado de funcionarios y todavía remendado con interinos. Por cierto que las prestaciones autonómicas son compatibles con el IMV o “suelo estatal” que garantiza el ingreso mínimo a los hogares vulnerables.

Por afinar más los datos, el IMV llegó a finales de marzo a un total de 428.043 hogares, beneficiando a 1,06 millones de personas, de las que el 43% son menores (456.000 niños y niñas), lo que demuestra la necesidad de ese instrumento para remediar y prevenir en lo posible los efectos de la pobreza infantil. Del total de hogares beneficiados, más de 200.000 reciben también el complemento de ayuda a la infancia que entró en vigor en enero: 100 euros de 0 a 3 años, 70 euros mensuales entre 3 y 6 años y 50 a partir de esa edad hasta los 18 años.

Y un último dato que incide en la firmeza del Ejecutivo de contribuir a la dignificación de la vida de los españoles y permite elogiar el esfuerzo de los tan denostados funcionarios: del total de 1,7 millones de solicitudes válidas recibidas (150.000 eran duplicados) se han tramitado más del 92 por ciento. Lo ideal sería que se resolvieran todas y en poco tiempo, como ocurre con las pensiones de jubilación, pero en el país de personajes tan arraigados como Rinconete y Cortadillo o la pícara Justina, sin olvidar a los tramposo, sobrecogedores y comisionistas de hogaño, la verificación se hace muy necesaria y lleva su tiempo.

Cierto es que las cuantías del IMV son tan mínimas como su nombre indica. Oscilan entre 491,63 euros mensuales para una persona sola (cantidad equivalente a la pensión no contributiva) y 1.189,75 euros mensuales como máximo para un adulto con cuatro menores a su cargo o para dos adultos y dos menores. Y, por supuesto, nada de pagas extraordinarias. Tan magro estipendio (14.277 euros anuales a lo sumo) ha recibido en los últimos tiempos el bocado feroz de la inflación galopante. Y ya sabemos que la inflación es ese fenómeno por el cual las personas van a la compra con el carrito lleno de dinero y vuelven con el monedero lleno de comida (Camba dixit).

Pero también en esto, aunque esté mal decirlo porque cosecha más aplausos la vulgar crítica  cuando no el insulto a Sánchez y el sanchismo, hay que reconocer que el Gobierno ha demostrado una especial sensibilidad con la disposición de aumentar un 15 por ciento al importe del IMV en las mensualidades de abril, mayo y junio, es decir, mientras dure la carestía de los combustibles, provocada por intermediarios y especuladores al calor de la criminal invasión rusa de Ucrania.

A partir de esta política tendente a dignificar mínimamente la vida de las personas caídas en las cunetas sociales de un sistema de mercado feroz resulta pertinente formular al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la pregunta que deberá contestar su portavoz en el próximo debate de medidas contra la carestía: ¿Qué prestaciones va a eliminar con la reducción de impuestos que propugna, y, concretamente, con la rebaja del IRPF? Aunque es sabido que la supresión del Ingreso Mínimo Vital proporcionaría un ahorro de 6.000 millones de euros al común, resultaría despiadado y vergonzoso que la derecha liquidara este sistema. Más bien lo que Feijóo pretende con su inconcreto anuncio de bajada de impuestos es evitar subidas salariales y congraciarse con los empresarios. En eso está.