Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, con Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, en la asamblea general de la PMcM.

«No pagar en el plazo contemplado en la Ley contra la Morosidad tiene consecuencias. Los que incumplan las normas no podrán acceder a subvenciones públicas», anuncia el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, en la asamblea general de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

El secretario de Estado de Economía reconoce que falta información «fiable» sobre la situación real de los pagos de las empresas. También admite el problema de muchas empresas que no reclaman los intereses de demora para no perder clientes. Pero deja muy claro que habrá sanciones para las empresas morosas, una vez que entren en vigor las medidas de luchas contra la morosidad comercial antes de final de año.

Sobre la propuesta de Feijóo, Gonzalo García Andrés precisa que el Gobierno la valorará cuando le ea enviada y pueda analizarla, pero bajar impuestos no es una medida «eficaz» contra el alza de la inflación y la energía. Recuerda que el director del departamento fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha mostrado en contra de una bajada generalizada de impuestos. «Lo que recomienda es lo que ha hecho el Gobierno, que es apoyar a los sectores afectados y colectivos vulnerables», resalta el secretario de Estado de Economía.

La fijación de referencia para el precio del gas se va a aplicar «en breve» en cuanto finalice el proceso que está en marcha en la Comisión Europea, para dejar atrás el pico de la inflación «lo antes posible» e iniciar la senda descendente que permita el año que viene a España aproximarse a un nivel cercano al 2%.

Sobre una posible subida de tipos en julio por parte del BCE, el secretario de Estadde Economía subraya que el Tesoro ya se ha «preparado» para una normalización de la política nmonetaria, alargando la vida media de la deuda pública.

La Plataforma avisa que la inflación disparará los impagos y las empresas ‘zombies’

Por su parte, Antoni Cañete, presidente de la PMcM, avisa que la inflación, el final de la moratoria de la Ley Concursal y los nuevos Créditos ICO van a tener un efecto «devastador» en los plazos de pago, incrementando las empresas zombis y el riesgo de impago. «La situación actual se va a agravar más de lo que imaginamos», advierte.

Todos los indicadores muestran un «enorme peligro de empeoramiento» de los plazos de pago, que afectará especialmente a pymes y autónomos.

La pérdida de valor que producen los altos niveles de inflación provocará un «efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo, enquistando la situación».

La inflación, que no deja de ser una subida generalizada de los precios con la consecuente pérdida de valor del dinero, está estrechamente conectada a la morosidad en las relaciones comerciales, argumenta el presidente de la Plataforma.

Con la subida de la inflación, los plazos de pago se alargarán, el coste financiero de las empresas se incrementará, aumentará la probabilidad de impago y se reducirá la capacidad de financiación de las empresas.

La Plataforma vaticina un mayor número de cierre de empresas por problemas de impagos que en la crisis financiera internacional de 2007.

Además, los estados financieros de muchas empresas grandes en España están «ocultando importantes niveles de endeudamiento por confirming», una falta de transparencia que «conlleva la toma de riesgos de crédito innecesarios».

Tiodo ello contribuirá a la proliferación de empresas zombies y de la picaresca. Habrá un alargamiento de los plazos de pago al favorecer la inflación a los que tienen deudas, porque el beneficio se incrementa si no hay coste por intereses. «Como la deuda comercial no devenga intereses, el deudor tenderá a incrementar su rentabilidad financiera», argumenta el presidente de la Plataforma. En este sentido, Antoni Cañete cree que todo contrato sujeto al paso del tiempo debe tener en cuenta la inflación.

«La inflación desvirtúa la relación prestamista-deudor. En el caso de las relaciones comerciales entre pymes y empresas de mayor tamaño, es habitual que sea la pyme la que otorga la financiación a la empresa grande, permitiéndole un largo periodo de financiación», advierte.

Para la empresa vendedora, la recomendación «razonable» es reducir los plazos de cobro, pues conforme sean más bajas las cuentas por cobrar menor será la pérdida monetaria. En sentido contrario, la empresa compradora tenderá a aumentar el plazo de pago a proveedores, obteniendo ganancias monetarias por el efecto del apalancamiento financiero. Lo mismo sucederá cuando el deudor sea una Administración Pública.

Solución concursal

La Plataforma alerta que existe un «peligro latente» por la coincidencia del fin del periodo de carencia de los créditos ICO con el vencimiento de la moratoria concursal el 30 de junio. La simultaneidad de ambos procesos «hará necesario plantear una solución concursal para las pymes y autónomos que no puedan afrontar los vencimientos de la deuda contraída», subraya su presidente.

En cuanto a los cambios de condiciones para acceder a los créditos ICO, teniendo en cuenta que las pymes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y con unos niveles de solvencia claramente afectados, avisa del riesgo de que algunas pymes y autónomos puedan quedar fuera de estas medidas, teniendo que recurrir a nuevos endeudamientos para poder hacer frente a las obligaciones derivadas de los préstamos Covid-19 suscritos al inicio de la pandemia.

«Hace falta una ampliación inmediata de la moratoria y también del plazo de amortización. Es fundamental que el hecho de acogerse a los nuevos criterios ICO no perjudique a la calificación crediticia de las pymes que los soliciten», concluye Antoni Cañete.