La guerra en Ucrania está dejando «evidencias cada vez mayores» de crímenes de guerra, según la oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Su responsable y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, da por hecho que las tropas rusas han perpetrado ejecuciones sumarias de civiles en zonas como Bucha, a las afueras de Kiev.
Naciones Unidas ha podido documentar 5.264 víctimas civiles, entre ellas 2.345 muertos. Pero las cifras reales serían «mucho mayores», en la medida en que aún no han salido a la luz «horrores perpetrados en zonas de intensos combates, como Mariúpol», según Bachelet, que ha puesto como ejemplo de los abusos la situación en localidades cercanas a Kiev que durante semanas estuvieron controladas por los rusos.
Sólo en Bucha, el personal de la ONU ha documentado la muerte de unos 50 civiles, víctimas en algunos casos de ejecuciones sumarias. «Prácticamente todos los vecinos de Bucha con los que hablaron nuestros compañeros contaron la muerte de un familiar, u n vecino o incluso un extraño», ha dicho Bachelet.
Bucha «no es un incidente aislado». La ONU ha recogido más de 300 denuncias de asesinato en las regiones de Kiev, Chernígov, Járkov y Sumy, todas ellas bajo control de las fuerzas rusas entre finales de febrero y principios de marzo.
Además, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha constatado ataques indiscriminados sobre zonas pobladas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, lo que que son crímenes de guerra.
Bachelet ha puesto como ejemplo del «fracaso» a la hora de respetar el Derecho Internacional el bombardeo perpetrado por Rusia el 8 de abril sobre una estación de tren de Kramatorsk y que dejó unos 60 civiles muertos. En este incidente, se utilizaron bombas de racimo, un arma prohibida por su carácter indiscriminado.
Efectos colaterales
La ONU observa con preocupación otras consecuencias derivadas del conflicto, sus efectos en derechos básicos como la salud, ya que más de un centenar de instalaciones médicas han sido atacadas desde que Rusia lanzó el 24 de febrero su invasión sobre Ucrania.
«Calculamos que al menos 3.000 civiles han muerto porque no podían recibir atención médica o por los efectos de las hostilidades en su salud», asegura Bachelet, que ha incluido dentro de este recuento a quienes se han visto obligadas a permanecer en refugios o no han podido abandonar su casa durante semanas.
Asimismo, también ha aumentado la violencia sexual: el Alto Comisionado ha recibido por el momento 75 denuncias.
La detención de civiles sería ya una práctica generalizada y afecta a periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos.
Bachelet enfatiza que la sucesión de abusos demuestran que «esta guerra sin sentido debe parar». Pide que, si siguen los combates, sea con estricto apego al Derecho Internacional, para lo cual las partes deben dar «claras instrucciones» a sus tropas y advertir de que no habrá impunidad. «Esto implica distinguir entre objetivos civiles y militares. No atacar o matar deliberadamente a civiles. No cometer violencia sexual. Que las personas, también los prisioneros de guerra, no sean torturados», asegura.
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