El Partido Popular (PP) no va a apoyar la convalidación del decreto de medidas urgentes contra la carestía del coste de la vida provocada por el precio de la luz, los combustibles y demás materias primas. La noticia sería que votaran a favor. Los populares oscilan entre la abstención y el voto en contra en el pleno del jueves, 28 de abril. Quiere decirse que el esfuerzo de negociación del presidente Pedro Sánchez con sus colegas de la UE para conseguir que España y Portugal deslinden el precio del gas de los costes de generación eléctrica resulta inapreciable, por no decir despreciable para el principal partido de la derecha nacional. Tampoco es nuevo. Ya su anterior líder se entregó a sembrar dudas y desprestigiar al Gobierno en Bruselas durante la negociación del plan común de relanzamiento de la economía tras la pandemia del coronavirus.

La ultraderecha, más neta, rechaza directamente todas las medidas del Ejecutivo. Como recordó el presidente Sánchez en respuesta al jefe ultra, no cabe esperar nada de unos tipos (52 diputados) que votan en contra del aumento del salario mínimo, de la subida de las pensiones, de la extensión de los Ertes para mantener el empleo y de cuantas medidas sociales y presupuestarias ha llevado el Gobierno progresista al Parlamento. “Su sensibilidad social es puro postureo”, dijo Sánchez a Abascal, quien se mostró disperso salvo para insultar (“autócrata caprichoso”) al jefe del Ejecutivo. Por cierto que Sánchez sufrió “un lapsus imperdonable”, según sus propias palabras, al llamar “señor Abascal” al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le preguntó si va a investigar el espionaje de los servicios secretos del Estado a los independentistas catalanes y vascos. “Que me espíen vale, pero que me llamen Abascal me fastidia”, dijo. El presidente se comprometió a aclarar lo ocurrido y reiteró la prioridad de superar la “crisis de convivencia”.

Sobre las medidas contra la carestía, la portavoz y secretaria general del PP, Concepción Gamarra, dio un plazo de 24 horas al Gobierno para que asuma sus propuestas de bajar el IVA del gas y la luz al 5% y “deflactar el IRPF con carácter temporal para las rentas medias y bajas”. El presidente Sánchez le respondió que los impuestos a la energía eléctrica se han reducido un 60%, el bono social beneficia ya a dos millones de hogares y que tras el acuerdo del precio de referencia del gas, el Gobierno ha optado por “las rebajas selectivas de impuestos y las ayudas directas” a los sectores más afectados por el precio de los combustibles. Gamarra sostuvo que con los más de 7.000 millones de euros de “sobrerrecaudación” fiscal debida a la inflación se pueden reducir los impuestos, pero la titular de Industria y Energía, Teresa Rivera, se mostró partidaria de ayudar a las empresas y recordó que el PP votó en contra de la reducción de los impuestos a la electricidad.

Aunque Sánchez apeló a la memoria de las famosas bajadas de impuestos del PP y de aquellas reducciones de la deuda y del déficit público que después resultaron falsas y se convirtieron en recortes sanitarios, educativos y en despidos y reducciones salariales para los trabajadores, no por ello dejó de pedir el apoyo del partido de Alberto Núñez Feijóo a las medidas gubernamentales. Y desde luego rechazó de plano la intención del PP de volver a la carga contra los pensionistas: “¡Qué manía con dexindesar las pensiones del IPC!”, exclamó. La cuestión de si los jubilados y discapacitados han vuelto a vivir por encima de sus posibilidades quedó en el aire. Lo que sí sabemos, porque lo dijo Gamarra, es que “una de cada tres familias gasta más de lo que ingresa”.