El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves con 312 votos a favor el decreto de Ciberseguridad 5G, que establece los nuevos estándares en esta materia necesarios para el despliegue de las nuevas redes.

El decreto finalmente no será tramitado como proyecto legislativo, pese a que inicialmente estaba contemplado como un proyecto de ley en las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta base legal, el Gobierno podrá determinar que algunos proveedores son de alto riesgo, lo que implicaría que no podrían ser utilizados en zonas estratégicas de las redes de los operadores.

El sistema incluye también requerimientos para las empresas de telecomunicaciones como tener más de dos proveedores para determinados componentes.

Si los operadores se vieran obligados a sustituir los equipos, productos o servicios proporcionados por dichos suministradores, disponen de un plazo de cinco años para llevar a cabo la sustitución en los elementos críticos de red.

El Gobierno se ha dado un plazo de cuatro meses para determinar qué operadores son de alto riesgo. Entre las razones para determinar si un operador es de alto riesgo se encuentra el vínculo con terceros países.