Más de 120.000 teleoperadores están llamados a la huelga ante la falta de avances de la negociación de su convenio colectivo. Un “bloqueo” del que los sindicatos culpan a la patronal, a la que acusan de dilatar innecesariamente la negociación a fin de racanear los salarios a los trabajadores, evitar compensarles los gastos del teletrabajo e impedir en suma que los últimos derechos conquistados con la reforma laboral sean una realidad en un sector con fuerte presencia femenina.
El próximo martes los sindicatos UGT y CCOO desvelarán la fecha del primero de los paros de 24 horas que las centrales tienen pensado convocar, a razón de uno cada mes, en tanto la patronal CEX continúe sin dar su brazo a torcer en la negociación que dura ya casi dos años y medio.
Estos sindicatos, que suman 10 asientos de los quince reservados a los trabajadores en la comisión de seguimiento del convenio —donde se sientan también CGT, CIG, ELA y LAB— , reclaman la firma de un nuevo convenio, después de que el anterior caducara en 2019, y siga vigente en régimen de ultraactividad.
Una situación que impide a los trabajadores negociar las compensaciones por el teletrabajo, en el que permanece en torno al 80% de la plantilla, según fuentes de CCOO consultadas con ocasión de la última huelga, y desarrollar otros derechos, como los planes de igualdad, y la aplicación de las nuevas restricciones a la contratación temporal aparejadas a la reforma laboral.
Las huelgas planteadas afectarán a grandes empresas de sectores como la banca, seguros, energéticas, telecomunicaciones, transporte de viajeros y mercancías, y hasta Administraciones Públicas, que tienen externalizados estos servicios de atención telefónica al cliente, entre las cuales destacan BBVA, Bankinter, Movistar, Banco de Santander, Iberdrola, entre otras.
Un sector abonado al conflicto
Las próximas huelgas se unen a los últimos paros convocados en un sector abonado a la conflictividad cada vez que vence su convenio sectorial.
Además, los sindicatos han tratado de implicar a estas empresas clientes, a las que acusan de complicidad con el mantenimiento de las malas condiciones que sufren las plantillas, compuestas en un 75% por mujeres.
Además, los sindicatos UGT y CCOO han buscado ayuda entre los grupos políticos en la resolución de un conflicto que se asemeja al de otros sectores como las tecnologías de la información (TIC), los servicios de prevención ajenos, y las ingenierías, además de los llamados contact center o servicios de atención telefónica.
En la carta dirigida a los diputados del Congreso, los teleoperadores lamentan la “falta de voluntad” de la patronal CEX para renovar un convenio vencido a finales de 2019. Y piden ayuda para superar un oscuro panorama, marcado por la “ingeniería laboral” que las empresas utilizan, según los sindicatos, para saltarse la ley a costa de los trabajadores.
En concreto, los sindicatos denuncian la falta de compensación a las plantillas de los gastos del teletrabajo, un fenómeno en auge desde la explosión de la pandemia. Y la utilización de técnicas de “ingeniería laboral” a fin de “fragmentar la actividad productiva” de las empresas, a fin de evitar cumplir con la ley.
También les acusan de aplicar convenios sectoriales “aún más baratos”, en detrimento del bolsillo de los trabajadores y provocando además un “dumping” —o competencia desleal— “crónico”.
Cinco empresas controlan el mercado
En la carta los sindicatos describen un sector controlado tan solo por cinco grandes empresas, que dominan la mitad del negocio; o un 67% si hablamos de las diez mayores empresas.
Para los sindicatos, la pandemia ha disparado los beneficios y la actividad del sector. Una bonanza que, sin embargo, no ha servido para pacificar las relaciones de las empresas con sus trabajadores, sino todo lo contrario.
Según UGT y CCOO los empresarios tratan de saltarse la última reforma laboral, que proscribió el abuso de la temporalidad, y hasta el umbral mínimo que marca el salario mínimo interprofesional (SMI).
Todo ello en un contexto de alta inflación, a pesar de lo cual, la patronal ha llevado a la mesa de negociación “propuestas salariales mínimas”, denuncian.
También pretenden “soslayar el cambio de filosofía en materia de contratación que implica la reciente reforma laboral”, advierte la misiva, que pide ayuda a los diputados para “impulsar mecanismos” que obliguen a las empresas a cumplir la ley, así como los “criterios esenciales de responsabilidad social y laboral” si estas empresas quieren acceder a subvenciones o contratos públicos.
Según CCOO, un 80% de los trabajadores del sector se enmarcan dentro de la categoría de teleoperador especialista, con un salario bruto anual de 14.500 euros. Un nivel que, si el salario mínimo interprofesional (SMI) sube el año que viene según lo previsto, quedará a la par o incluso por debajo de ese listón, advirtió la responsable de CCOO del sector, Laura Domínguez Garrido, con ocasión de la última huelga del sector.
Sin embargo, el salario más frecuente del sector apenas supera los 850 euros debido a las altas tasas de parcialidad, no deseada en muchos casos, que padece el sector, según denuncian los sindicatos.
El próximo martes los sindicatos UGT y CCOO desvelarán las fechas de las huelgas de 24 horas planteadas en el sector, a razón de una por mes, con que los trabajadores tratan de desbloquear la negociación y lograr una mejora de las condiciones salariales y de trabajo de los 120.000 trabajadores en plantilla, incluyendo los que trabajan en empresa de trabajo temporal (ETT) y empresas multiservicios.
Un situación que comparten a grandes rasgos otros sectores, como los citados TIC, servicios de prevención ajenos e ingenierías, que también han enviado cartas al Parlamento, y cuyas plantillas suman casi 750.000 trabajadores.
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