El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impulsan un convenio marco para potenciar y mejorar la prevención contra actividades financieras potencialmente fraudulentas, que ha sido suscrito por una veintena de entidades públicas y privadas.

El Plan de Lucha Contra el Fraude Financiero ha sido suscrito además por el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, el Sepblac, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA, el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), Inverco, la Asociación Medios de Información (AMI), la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), Autocontrol, el Colegio de Registradores y el Colegio General del Notariado.

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, resalta que la labor de denuncia, advertencia y persecución del fraude financiero no puede ser realizada por una sola entidad, lo que ha motivado la movilización de instituciones públicas y privadas para mejorar la detección, limitar el daño que pueda causar y ayudar a los ciudadanos para evitar que sean víctimas de este tipo de estafas.

En este sentido, Buenaventura destaca que la educación financiera es la mejor herramienta para prevenir el fraude.  Recomendado a los españoles que se esfuercen en informarse a fondo antes de decidir dónde invertir su dinero y que solo lo hagan en entidades que cuentan con autorización para prestar servicios de inversión: «Invertir con ellas es garantía de seguridad y de que, si algo va mal (que puede ocurrir), existen mecanismos de protección al inversor, como el Fondo de Garantía de Inversiones».

El indicador más sencillo para detectar posibles fraudes financieros es la ausencia de licencia. La CNMV ha puesto a disposición de las entidades firmantes del Plan una base de datos en tiempo real de acceso compartido sobre entidades advertidas por parte de la CNMV o de los supervisores internacionales como entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión.

Gracias a ello, el sistema judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán contar con mejor información a la hora de detectar estos episodios, mientras que los notarios y registradores podrán identificar a las entidades sospechosas que estén promoviendo servicios jurídicos.

La CNMV está trabajando con las entidades financieras para buscar mecanismos con los que advertir al ciudadano que desea transferir dinero a una entidad no autorizada que está a punto de transferir dinero a una cuenta posiblemente sospechosa.

Además, la información facilitada por la CNMV permitirá a los medios de comunicación restringir la publicidad solo a aquellas entidades que tengan licencia y no a las que estén expresamente advertidas como sospechosas o como piratas por los supervisores financieros.

Durante su intervención en la firma del protocolo, Buenaventura revela que la CNMV ha pedido a las empresas de buscadores de Internet y redes sociales que se unan al acuerdo para eliminar la publicidad por parte de las entidades advertidas, y «consigamos así que Internet y las redes sociales no sean un campo de difusión y de extensión de los fraudes financieros».

«También vamos a lanzar campañas de difusión dirigidas a todo tipo de públicos, trataremos de colaborar con ‘influencers’ y líderes de opinión para llegar a un espectro amplio de la población y prevenir este tipo de conductas», señala Buenaventura.

Refuerzo de la supervisión

En su intervención, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, muestra «todo el apoyo» a la iniciativa, ya que permitirá profundizar en la cooperación para el ejercicioeficiente de las funciones preventivas y sancionadoras de los supervisores .

«La necesidad de una intensa cooperación entre los supervisores es particularmente relevante en este ámbito, dado que frecuentemente nos enfrentamos a operativas difíciles de encajar en un ámbito normativo o competencial concreto. Se trata de evitar zonas grises donde eventuales malhechores puedan desarrollar el fraude financiero», argumenta.

Pablo Hernández de Cos expresa su preocupación por el impacto que un uso fraudulento de la tecnología puede tener sobre los ciudadanos y las empresas que demandan servicios bancarios y de crédito. Pataformas y operadores, arbitrando con la regulación, ofrecen servicios de pago, crédito o inversión «sin las suficientes garantías y transparencia», como está sucediendo en el ámbito de criptoactivos.

Las televisiones critican la ausencia de los operadores digitales

El presidente de Uteca, Eduardo Olano, explica que se ha adherido al convenio por responsabilidad y compromiso social, «a pesar de que en sus canales no se difunden ni publicitan este tipo de productos financieros fraudulentos o sospechosos». «Las televisiones no hemos generado el problema, pero por supuesto apoyamos esta iniciativa», señala. Pero critica   «la clamorosa ausencia en la firma del convenio de las grandes multinacionales digitales, que son propietarias de las redes sociales, plataformas de compartición de vídeo y buscadores donde pueden encontrarse este tipo de comunicaciones o promociones de productos financieros supuestamente fraudulentos o sospechosos».

«Es una ausencia inexplicable, que demuestra una vez más la falta de compromiso de los gigantes digitales con la sociedad en la que operan y su permisividad con algunos de los contenidos que difunden», apunta.